Ayer se sustanció en el Congreso de los Diputados la petición, ciertamente mayoritaria, del parlamento catalán para que las Cortes Generales transfirieran a Catalunya la facultad de convocar un referéndum y así, ejerciendo el llamado derecho a decidir, saber si los catalanes quieren o no seguir perteneciendo a España. Tal y como estaba previsto el 86% del Congreso voto no y por tanto la competencia simplemente no se transfiere.

Los argumentos fueron los mismos que llevamos oyendo los dos últimos años. Los partidarios del no se basaron fundamentalmente en el hecho Constitucional de que sin cambio de la Carta Magna ni la consulta ni la posible secesión tienen cabida jurídica. Los partidarios del si repitieron hasta la saciedad lo democrático de votar y la necesidad de conocer explicitamente la voluntad de los catalanes. Todo el mundo salió como entró, pero al menos quedó claro, por la votación y por los argumentos, que el PP y el PSOE no están a favor de estos experimentos.

No entiendo nada. Si es tan claro el marco legal, ¿tiene sentido buscar vías y vías para llegar a chocar en la misma valla jurídica? ¿Es lógico que en plena crisis la gran preocupación de una Comunidad sea el encaje con el resto del Estado abandonando de hecho su actividad legislativa? Los argumentos económicos, circunstanciales sin duda, no son esenciales en una cuestión de está índole, pero ¿ alguien se cree que la causa de la grave crisis económica catalana es su estatus geopolítico y no la nefasta administración del último tripartito? ¿Alguien me lo explica?