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La que ha liado el Tribunal Supremo con las hipotecas… el «dónde dije digo, digo Diego» siempre causa problemas… media España pendiente ahora de sus sentencias, unos miles de euritos de vuelta al bolsillo endulzan a cualquiera…

La cosa es bien simple, en un país de hipotecados su máximo tribunal, de sorpresa y en contra de lo de siempre, dicta una sentencia que obliga a que sea la entidad financiera, y no el cliente, el que se haga cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, impuesto autonómico, en contra de una sentencia en sentido contrario emitida por el mismo TS en el último mes de febrero. A partir de ahi, error sobre error: el propio viernes el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo, da entender que paraliza la sentencia por suponer, como es obvio, un «giro radical» en la jurisprudencia y en la «enorme repercusión económica y social” de este novedoso giro…

Ahora estamos en que después de una reunión interna de urgencia convocada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y con asistencia de los seis magistrados que dictaron la sentencia, el vicepresidente del propio Supremo Ángel Juanes y el presidente de la sala Díez-Picazo, se concluye que la sentencia, y otras dos parejas, son “firmes”, pero que el próximo 5 de noviembre habrá reunión del pleno de la Sala Tercera, 31 jueces, para analizar el cambio de doctrina y sus consecuencias y con esta decisión vuelve la incertidumbre…

Se supone que el 5 nos enteraremos, si no mutan otra vez, de que pasa con quién puñeta paga el impuesto y si la sentencia cubre solo la retroactividad de cuatro años, propio de las cosas de hacienda, o más años o menos.

No entiendo nada. Si la sentencia tiene «enorme repercusión económica y social”, ¿por qué esperar quince días? ¿alguien me lo explica?