El hecho es que el fiscal Manuel Dolz ha instado al magistrado del Tribunal Supremo que instruye el «caso Blanco» para que solicite al Congreso de los Diputados el suplicatorio contra el ex ministro de Fomento, hoy parlamentario socialista por Lugo, José Blanco, dado que ve base suficiente para llevarle a juicio por prevaricación, tráfico de influencias y posiblemente un delito de cohecho. Para el fiscal, Blanco desde su posición de miembro del Gobierno y de destacado responsable del PSOE, medió  para allanar el camino a su amigo de la infancia Orozco, vicepresidente entonces de Azkar, en la consecución de una licencia ambiental para construir unas naves industriales en los alrededores del aeropuerto de Barcelona en el ayuntamiento socialista de Sant Boi; sin olvidar la posible relación de estas gestiones con la compra y obras de reforma del chalé que adquirió el exministro en la localidad madrileña de Las Rozas. Blanco en rueda de prensa ha dicho que si llega el caso pedirá al PSOE y a todo el Congreso que apoyen su desaforamiento para poder defenderse y aunque niega las acusaciones afirmó que si el juez dictara la apertura de juicio oral, presentaría su renuncia al escaño y dimitiría; mientras no se va ni con lejía.

Es conocido el papel de martillo de herejes que Don José se atribuyó en su época de mandamás del PSOE, exigiendo dimisiones por doquier a la más mínima información mediática. El caso Camps fue un buen ejemplo. Su doctrina sobre la dimisión política en el caso de un enemigo político jamás pasaba por seguir en el cargo cuando había imputación. Ahora, y según él después de pensar mucho, ha cambiado de teoría y entiende que hasta la apertura de juicio oral no hay motivos para dimitir por nada. Es curioso también comprobar el morro que le echan muchos políticos, Blanco entre ellos, al agarrarse al fuero especial de inmunidad del que gozan en el ejercicio de su cargo los parlamentarios españoles. ¿Que puñetas tendrá que ver el privilegio de la inmunidad parlamentaria con un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias? ¿Acaso los políticos incluyen en su trabajo habitual parlamentario el chanchulleo?