El hecho es que hoy se ha publicado en diversos medios de comunicación que el gobierno, a través primero del Ministerio de Justicia y según otras fuentes del Ministerio del Interior, iba a prohibir los escraches, los acosos y demás, a partir de la distancia de trescientos metros. A medida que avanzaba la mañana se producían declaraciones de responsables de interior y de justicia que abundaban en la misma línea pero sin especificar la medida.

La verdad es que no acierto a ver la protección policial de los posibles afectados, todo cargos políticos del PP, contando los pasos o con un metro para buscar la distancia salvadora. Intuyo al igual que en las faltas con barrera, profundas y acaloradas discusiones sobre el punto exacto dada la curiosamente poca objetividad de las medidas métricas.

Dejándonos de cachondeo, yo interpreto como ocurrencia esta última genialidad de nuestras autoridades. Es evidente que la coacción y la intimidación a nuestros representantes democráticos, por muy de derechas que sean, es lisa y llanamente un delito y por tanto no es cuestión de metros sino del contenido de la acción. Recientemente una sentencia de la Audiencia Nacional y, hoy mismo, unas declaración del propio Gallardón, ministro del justicia, dejaban bien claro que este tipo de acciones atentatorias están perfectamente contempladas en nuestro código penal y, por tanto exigen sin más la acción de la fiscalía y la actuación de las fuerzas de seguridad. Manifestarse es una cosa y esta perfectamente regulada, intimidar y coaccionar a un diputado es un delito.