El hecho es que en un informe remitido el pasado viernes por la Agencia Tributaria al Juez Castro, a petición de éste, acerca de datos económicos de doña Cristina tales como las cuentas en las que aparece apoderada, sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de la que es titular desde 2002. En el capítulo de inmuebles aparece la venta de fincas y tierras que poseía en las provincias de Alicante, Ciudad Real y Barcelona por un valor total de 1.435.603 euros entre los años 2005 y 2006. Ya el mismo viernes y a través de la Casa del Rey la Infanta negaba tajantemente estas operaciones. El fin de semana ha sido prolijo en dimes y diretes sobre el tema y, aún hoy, campa por las portadas. Así, el fiscal general del Estado pide tiempo para estudiar el informe y el Ministro Montoro, responsable de Hacienda, afirma no saber nada e incluso deja la puerta abierta a un error de los suyos. Bien no huele, pero faltan datos.
Es de esperar que en breve se aclare la cuestión dado que no estamos frente a un sainete, sino a una filtración sobre una información oficial de la Agencia Tributaria a un Juez instructor acerca de una Infanta de España. Poca coña con estas cosas. Digo esto porque, Urdangarín, Nóos y Aizoon aparte, si bien comparto la idea de que todos somos iguales ante la Ley, no todos somos iguales ante la opinión pública, y de la misma manera que muchos pretenden trasladar la repulsa sobre el comportamiento de Cristina de Borbón a la Monarquía Española, habrá que aceptar -usando este mismo criterio de los vasos comunicantes- que frente a una institución tan básica en la actual democracia española como es la Monarquía, si no somos capaces de separar personas de institución, tendremos que tener mucho más cuidado con la información, al menos dudosa, sobre estas personas. Jugar con fuego muchas veces quema.
