Si el gobierno no lo remedia, y no está claro que pueda ni quiera, esta noche se producirá el cierre de los nueve canales de TDT que por decisión judicial deben pasar a negro. El cierre viene obligado por el Tribunal Supremo y fundamentalmente porque el gobierno de zapatero repartió canales saltándose su propia Ley. Evidentemente los televidentes perderán oferta audiovisual y por ende libertad. Evidentemente los grupos mediáticos que explotaban estas cadenas perderán emisión y por ende sus inversiones y su negocio, aunque la verdad es que los dos grandes grupos perderán bien poco ya que con menos gastos de emisión ingresarán lo mismo. ¿Quién ganará además de ellos? Probablemente solo la justicia y, sobre todo, un axioma democrático básico pero tan amenazado de qué ni las autoridades, por mucho que lo pretendan, están por encima de la Ley; valor que tal como evoluciona nuestra democracia ya es mucho que alguna vez se preserve.

 No entiendo nada. Parece que el gobierno con un simple Decreto solucionaba el problema, ¿Por qué no lo ha hecho si los grupos afectados gozan habitualmente de la permisividad de este y el anterior ejecutivo? Junto al apagón pronto se tendrá que retocar el espacio radioeléctrico y conceder algún canal más, ¿tiene el gobierno ya comprometidos los nuevos canales? No ha habido concurso radiofónico o televisivo en España que no haya sonado a cambalache, ¿por qué emitir en radio o televisión exige concesión administrativa? ¿No hay un método más transparente y menos susceptible de los clásicos compadreos para dejar emitir en radio o televisión? ¿Alguien me lo explica?