La alucinante noticia es de ‘aurora boreal’. Ahmed Bouguerba, argelino de 31 años afincado en Bilbao, condenado por la Audiencia Nacional este 19 de diciembre por delito de ‘autoadoctrinamiento’ para cometer actos terroristas, sigue cobrando ayudas públicas, empezó a percibirlas en 2011, del Gobierno Vasco. El sujeto, como otros muchos, recibe mensualmente 625 euros correspondientes a la Renta de Garantía de Ingresos, más 250 euros como ayuda al alquiler de una vivienda y, esto, sin pegar ni chapa.

No creo que lo sustancial sea ni que vive en Bilbao, ni que el pago lo realice el Gobierno Vasco, ni que se llame como se llame, ni que sea de dónde sea, a pesar de que ya en su momento el entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, denunció fraude en colectivos magrebis cuyo único interés era vivir de los sufragios. Lo sustancial, en este caso, es que un sujeto indeseable y no español, condenado por terrorismo, deba ser mantenido por los impuestos de ciudadanos que pueden tener en su familia gente que las pase canutas económicamente y, por no reunir ciertos requisitos, esté dejada de la mano de la administración española. La razón dada para mantener esta ignominia, es que la legislación no contempla dejar de amamantarle. ¿A que esperan para cambiar semejante desafuero legislativo?

No entiendo nada. ¿No ven que con situaciones como estas es normal que los ciudadanos estén hasta el moño de sus políticos? ¿Alguien me lo explica?