Me dice Pedro Aparicio, Ingeniero de Caminos


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Resulta incomprensible que en un estado tan excepcional como el que vive España, con tres plazos ya decretados de alarma y con cuarenta días de confinamiento de los ciudadanos, Pedro Sánchez haya eludido consultar siquiera al Consejo de Estado. El artículo 21.10 de la Ley del Consejo establece que este órgano «deberá» ser expresamente consultado en «asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión». Si no son motivos de «especial trascendencia o repercusión» 30.000 fallecidos, un rosario de prórrogas de la alarma, millones de españoles sometidos a un encierro forzoso y una recesión económica en ciernes, ¿a qué le conceden relevancia Sánchez e Iglesias? En una democracia, la Justicia ejerce un contrapeso frente a los excesos de los otros poderes, pero en esta ocasión el Gobierno se ha propuesto deslegitimar todo excepto su caprichoso concepto de la legalidad. Acaba de presentar su plan de transición a la nueva vida, sin consultar con los partidos de la oposición aunque no se cansa de ofrecer un pacto al PP. Pide la adhesión incondicional.

Ahora resulta que se puede quemar públicamente la bandera española, la foto del rey, la constitución…, pero no se puede poner en solfa la actuación del gobierno ni propagar por las redes bulos contra el gobierno; el vicepresidente puede ponerse como la bicha del pantano contra una sentencia a una representante de su partido, olvidando que él está en el legislativo y que sus socios lo justifiquen como libertad de expresión. No se le puede hacer un scrache a él pero él si podía hacérselos a Felipe Gonzalez o Rosa Díez. El control del ejecutivo por el Congreso es prácticamente inexistente y cuelan en sus decretos nombramientos como el de Iglesias para el CNI, el traspaso opaco de 900.000 funcionarios a la caja de la S.S. o la eliminación de la sede de la policía nacional en Barcelona para transformarla en un memorándum contra los abusos de la referida policía durante la dictadura; naturalmente se ensalzará a Companys que consintió la muerte violenta de más de 8.000 catalanes durante la G.C.; muchos pensarían que si el resultado hubiera sido el contrario, cuantos más habrían caído.

Pues bien, la borrachera del poder parece cegar a Pedro Sanchez que no oculta que siente pánico al abandono de la extrema izquierda y se ha convertido en rehén de unos socios que lo desprecian y aprovechan los momentos de crisis para mediante la revolución, alcanzar el Nirvana comunista y la independencia. Para ello lanzan una serie de anzuelos como la renta básica, compra de votos; aprobado general para los votantes de mañana; decretos anti despido y anti desahucio… con un preocupante aumento en el número de personas que viven del dinero público. En total, hay 20 millones de ciudadanos en estas circunstancias, bien sea a través de la percepción de una pensión o debido al pago de las ayudas que se están aprobando o que ya estaban en vigor antes de la crisis. Volvemos a los EREs, PER, cursos de formación, etc.

El Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está utilizando, el en sus manos muy peligroso estado de alarma para imponer de manera antidemocrática sus proyectos más tóxicos y liberticidas. Repárese si no en las prisas del ministerio de la descalificable Isabel Celaá («Los niños no son de los padres») para tramitar de urgencia una reforma de la Ley de Educación que no ha sido consultada con los sectores más directamente afectados ni debidamente analizada por la oposición, con vistas a la elaboración de las preceptivas enmiendas. Así ya van más de 100 Decretos Ley sin control parlamentario y los más 500 millones de compras a dedo con la escusa legal de la urgencia. Prepotencia dictatorial absoluta, como la que buscan con el control judicial al traspasar la instrucción de las demandas a la fiscalía, sacándolas de los jueces.

Pero el problema no es Pablo Iglesias; el problema es Pedro Sánchez. Pablo Iglesias, como afirmó Vargas Llosa en la excelente entrevista de Rafa Latorre en EL MUNDO, no ha engañado a nadie y adora públicamente al golpista fallido de 1992, Hugo Chavez. Piensa lo que piensa y tiene todo el derecho a hacerlo. En la Monarquía de todos, en la Monarquía parlamentaria que Don Juan III defendió desde el exilio contra la dictadura de Franco, claro que caben las ciudadanas y los ciudadanos que piensan como Pablo Iglesias. El político que engañó a sus votantes durante la campaña electoral fue Sanchez pues Iglesias siempre ofreció el gobierno de coalición. Todo es mentira en este personaje, menos los más de 40.000 muertos que va a dejar en el camino.


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