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NUEVO APRETÓN DE TUERCA AL PROPIETARIO QUE ALQUILE UN PISO

Vivimos en un país, en el que la persona que hoy se arriesga a alquilar una vivienda es casi un héroe o un insensato.

La legislación no protege en absoluto al propietario, a pesar de todos los impuestos que gravan la compra y mantenimiento de una vivienda. Por otra parte, la seguridad jurídica, para recuperar su propiedad en caso de impago por parte del inquilino es inexistente y se puede convertir en una tortura sicológica de dimensiones indescriptibles para el arrendador, daño que hay que añadir a las pérdidas económicas.

En general, los medios de comunicación, principalmente los audiovisuales, nos transmiten la idea de que los alquileres están por las nubes, los precios son abusivos y los propietarios son todos unos capitalistas indecentes y sin escrúpulos, dispuestos a desangrar económicamente al sufrido y explotado inquilino. Pero claro, la realidad no es esa en un alto porcentaje de casos. Primero, no todos los sitios son las zonas privilegiadas de Madrid, Barcelona, San Sebastián, Palma de Mallorca o Ibiza; segundo, no todos los propietarios son consorcios multinacionales o inmobiliarias con mentalidad especulativa, muchos son sólo modestos ahorradores de clase media que pretenden tener una ayudita en la jubilación, principalmente, pensando en la viuda que nunca cotizó y al perder al marido se encuentra que la pensión se le reduce y ella por la edad necesita más ayuda debido a sus limitaciones físicas; tercero. No todos los inquilinos están en el umbral de la pobreza, fijémonos en la mansión alquilada por Puigdemont. En los pueblos, la mayoría de los arrendatarios son profesores o sanitarios, en resumen, funcionarios, con salarios superiores a las pensiones de viudedad de la arrendadora, que es el caso que yo conozco. Y los alquilares, en pisos amueblados rondan los 300 euros al mes, de donde habrá que deducir el impuesto IBI, un seguro, declarar en la renta y gastos que puedan surgir, así que queda para una caña y poco más. Por favor, no hablen, ni generalicen, las zonas rurales, son otro mundo, nada que ver con el centro de Madrid o Barcelona.

Me termino de enterar por una amiga, que según la Ley de la Vivienda publicada en la primera mitad de 2023, los propietarios serán siempre los que paguen los honorarios de las inmobiliarias en un alquiler de vivienda. En nuestra zona, la costumbre aceptada era que al recurrir a una agencia un arrendador y un arrendatario, ambos aceptaban de forma libre que al beneficiarse los dos de los servicios de un agente inmobiliario, ambos pagaban sus honorarios, lo que parece bastante justo.

Con esta ley, se decide volver a castigar al propietario, que es el “ogro que se va a aprovechar de la vulnerabilidad del pobre inquilino”. Los legisladores y su demagogia “buenista” dicen que esta ley garantiza el acceso a una vivienda digna, no sé si lo conseguirá, pero sí está claro que si lo logra, no será por el esfuerzo y aportación del legislador, sino por la presión sobre el propietario (ahorrador). También dicen que la ley ayuda a las personas vulnerables, pero a esas personas no se las debe ayudar perjudicando a otras, la labor del Gobierno es procurar las condiciones para que la economía mejore y esas personas salgan de su estado de vulnerabilidad y se puedan pagar con su trabajo una vida (eso incluye una vivienda) digna y no sean dependientes de ayuditas y limosnas estatales, que así se garantizan un voto comprado y cautivo, lo que es una perversión del sistema.

Desgraciadamente, el Gobierno no sabe crear la atmósfera adecuada para que nuestra economía de bolsillo y los vulnerables mejoren. Pero si es un experto en aumentar los impuestos sobre cualquiera capaz de crear alguna ganancia y lo que es peor, sobre cualquier ahorrador, por humilde que sea. Todos somos conscientes de que el paro no mejora y de nuestra pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. España es una de las tres economías europeas, que pierde poder adquisitivo desde el 2000, según datos de Eurostat. Esa pérdida es todavía mayor, si nos ceñimos a la cesta de la compra, comer es imprescindible para todos, pues bien, se ha perdido un 15% de capacidad de compra en alimentación en los últimos 20 años y el sueldo real, de los trabajadores descontada la inflación acumulada, ha caído entre un 3,9% y un 5,1% desde 2019, es decir, somos más pobres que hace unos años, según datos de la EPA y de la Seguridad Social.

Volviendo a esta Ley de la Vivienda, se me ocurre que puede traer algunas consecuencias no deseables. Me viene a la mente la ley del Sí es Sí, que con buenas intenciones, que se le suponen, ha puesto en la calle y reducido condenas a demasiados delincuentes sexuales. Es lo que suele pasar cuando no se ve más allá de la punta de la nariz, de lo inmediato. Al menos, entre arrendadores con economías modestas, al incrementar sus gastos, se desincentiva el ahorro y la oferta de pisos en alquiler baja, lo que provoca desabastecimiento del mercado inmobiliario para alquilar y posiblemente subida de precios en los alquileres, todo ello, perjudica en general al arrendador y al arrendatario. Además, los dueños de pisos para ahorrar gastos prescindirán de los agentes inmobiliarios, quedando perjudicado también ese sector. Si hay menos pisos en el mercado de alquiler y son más caros, ¿se beneficia a los más vulnerables?, la respuesta es no, pero ¿hace algo el Gobierno para que los vulnerables mejoren su economía?, los datos están ahí. Si no se favorece el ahorro y se penaliza, no habrá inversión, entonces, no se creará riqueza y bajará el empleo y la recaudación de impuestos, impidiendo al final, ayudar a nadie con necesidades. Es lo que pasa en la mayoría del tercer mundo.

El problema es que muchas de las políticas actuales, en occidente, parecen ir dirigidas a hacernos más pobres. Algo que nos cuesta aceptar y que choca con la lógica más elemental, siempre ha habido progreso, hasta ahora, pero las evidencias cantan y esta “nueva Ley de la Vivienda” vuelve a perjudicar a todos, predica no ahorrar ni invertir a las economías modestas, los inquilinos tendrán menos oferta para alquilar y a mayor precio, pone a los agentes inmobiliarios al borde del abismo y los vulnerables no encuentran trabajo para mejorar su situación. No veo que la generalidad de nuestros hijos viva mejor, les cuesta más independizarse, tener una casa, poder casarse y formar una familia, en una palabra, realizarse. Los hechos, cada vez más, nos llevan a esa fatal conclusión, ya que las legislaciones no ayudan. Señores legisladores, si no saben, por favor, no legislen sólo por ideología.

Mariano Urdiales Viedma. Médico Patólogo, jubilado. Ubeda