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Me dice María Castellano Arroyo, catedrática de Medicina Legal y Forense

La confusión estaba servida

El grupo de trabajadores esenciales vacunados con la primera dosis de Astra Zeneca constituían una burbuja de población con una situación particular: tener puesta la primera dosis de la vacuna e interrumpir el ciclo vacunal, al haberse producido algunos casos de trombosis (y otras circunstancias quizá menos confesables); esto llevo a la decisión de una espera llena de incertidumbre e inquietud hasta encontrar evidencias científicas.  Estas evidencias no se han producido de manera indubitada. La Agencia Europea del Medicamento autorizó la administración de la segunda dosis de Astra Zeneca. Pero un estudio del ISC III (sobre un limitado grupo de personas) recomendó la administración de la vacuna Pfizer para la segunda dosis en este grupo de personas. Varias han sido las opiniones científicas que ven más inconvenientes a mezclar dos vacunas distintas que a los efectos adversos descrito para la de Astra Zeneca. La confusión estaba servida. El Gobierno ha encontrado la solución en la opinión del Comité Nacional de Bioética (CNB), cuyo excelente informe sobre la Ley de Eutanasia había sido, por cierto, ignorado, hace pocos meses.

Ante la pregunta planteada por el Gobierno, el CNB ha entrado a un análisis y a una solución, a mi modo de ver poco acertada con respecto a la evidencia científica y a los razonamientos bioéticos. La evidencia científica no existe al no encontrar unanimidad entre los auténticos expertos respecto a los riesgos/beneficios de las  opciones: La primera poner la segunda dosis de Astra Zeneca; la segunda poner la vacuna Pfizer en esta segunda dosis. Y había una tercera vía: Que cada persona afectada eligiera libremente la vacuna que deseaba recibir, conforme al ejercicio directo de su Autonomía.

Sin embargo, el CNB ha optado por un razonamiento que no comparto. Para mantener que la vacunación en esta situación de pandemia debe regirse por el Principio de Justicia (no hay elección personal, deciden los responsables políticos conforme al bien común, y a una distribución equitativa), por lo que  han mantenido que quien decide es el Gobierno; por tanto, y desde el criterio político, la vacuna que se ofrece es la Pfizer y el afectado no puede elegir. Ahora bien, esta persona SÍ puede rechazar ese medicamento (es su derecho). Respuesta oficial (CNB) «no podemos dejar a esta persona sin la protección de la vacuna”, luego: se acepta su rechazo y se le pone Astra Zeneca. Pero, se le hace firmar un documento al que se denomina (a mi entender de forma errónea) «consentimiento informado» en el que asume las consecuencias de su rechazo y en el que exime a la administración sanitaria de responsabilidades.

Me pregunto ¿no habría sido más sincero y directo, reconocer a este grupo de población como de «especial circunstancia» (de hecho es asi) y aceptar como conforme a los Principios de la Bioética su capacidad de elegir entre ambas vacunas con un auténtico «consentimiento informado» en el que constaran los riesgos y beneficios verdaderamente probados y conocidos de ambas vacunas?

En mi opinión esta opción habría evitado confusión, discrepancias y discusiones ante una situación que, bien explicada habría sido comprendida y aceptada por todos como justa, equitativa y saludable.

María Castellano Arroyo. Catedrática de Medicina Legal. Médico Forense. Académica de número de la Real Academia Nacional de Medicina (sillón de Medicina Legal).