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¿Estado de Derecho o Estado deshecho?

Querido Josep María:

Decía don Eugenio d’Ors: “Yo sólo pienso cuando escribo, y escribir es ‘pensar con alguien’, es decir, diálogo”. Por eso me permito darte la lata en estos calurosísimos días de julio. ¡Vaya año, Señor! Primero fue Filomena, con su denso y paralizante edredón de nieve. Lo de estos días de fuego parece habérnoslo mandado el mismísimo Satanás.

Perdona la digresión, porque, en realidad, lo que quiero comentar contigo se refiere a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en relación con el primer estado de alarma (de excepción, de hecho) declarado por el Gobierno en el mes de marzo del año pasado, y a cuyo amparo se decretó el confinamiento de todos los españoles. Más de un año, en efecto, para dictar sentencia en materia tan grave (vulneración de derechos fundamentales), y todavía hay que esperar a que el propio TC se pronuncie acerca de la prórroga de la que fue objeto dicho estado de alarma. Parece esperable, por pura coherencia, un resultado análogo.

Pero con independencia del contenido de la resolución del TC y de las consecuencias que la misma pueda o debiera desencadenar, me interesa poner de manifiesto la descomposición institucional que todo este asunto evidencia en relación con el Estado democrático de Derecho, que la Constitución proclama ya en su artículo primero.

Como en medicina, el síndrome que padece el Estado de Derecho en España ofrece un conjunto de signos y de síntomas. Los primeros son objetivos y mensurables, en tanto que los síntomas “han de ser interpretados en el discurso del enfermo”. Eso dicen los patólogos. Ocurre con frecuencia que un síntoma no constituye indicio suficiente para formular un diagnóstico seguro, por lo que procede indagar la posible existencia de signos que lo confirmen. El dolor puede ser síntoma de un infarto de miocardio, pero sólo una exploración enzimática y electrocardiográfica permiten confirmarlo o descartarlo. Algo semejante sucede en el terreno de las instituciones sociales (políticas, económicas, jurídicas…).

Como bien sabes, las notas que definen el Estado de Derecho son, esencialmente: 1ª) la división de poderes; 2ª) el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; 3ª) el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales; y 4ª) el sometimiento del propio Estado a la ley (aunque esto pueda  parecer reiterativo). García de Enterría insistía en que, además de limitar el poder político, el Estado de Derecho se caracteriza, necesariamente, por extender el control jurídico a la acción ordinaria de la Administración pública, de forma que quede  garantizada la protección de los ciudadanos frente a la actividad administrativa.

Bien. Pues vamos con algunos de los síntomas y signos que ofrece nuestro endeble Estado de Derecho. Sin pretensión de exhaustividad, cabe señalar: 1º) La manifiesta confusión e interferencia entre los poderes del Estado (por ejemplo, la Fiscalía general es desempeñada, sin solución de continuidad, por la que era ministro de Justicia  del primer Gobierno Sánchez, la cual sigue además militando en el mismo partido político que el citado presidente; 2º) La falta de renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del de Cuentas, debida al  desacuerdo entre los partidos que tienen que “negociar” (¡!) los nombramientos de sus miembros (¿en qué medida puede preservarse la independencia de estos órganos del Estado, con semejante sistema de nombramientos?); 3º) ¿Goza de legitimidad un Gobierno formado en coalición con otros partidos respecto de los cuales se afirmó solemne y reiteradamente –hasta el “último minuto” de la campaña electoral- que jamás se gobernaría; cuando además éstos partidos proclaman abiertamente la desintegración de la nación y del Estado, y actúan eficaz e impunemente en tal sentido?; 4º) El mismo cese del coronel Pérez de los Cobos por negarse a facilitar información al ministro del Interior y a la directora de la Guardia Civil, en relación con un asunto sub iudice, cuando aquél actuaba como policía judicial y bajo instrucciones precisas de confidencialidad por parte de la juez instructora, ¿no constituye muestra notable de prevaricación e intromisión del poder ejecutivo en el judicial?; 5º) El simple hecho del aval que, al parecer, va a prestar el Gobierno de la Generalidad -a través del  Instituto Catalán de Finanzas-, en relación con las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas a los  sediciosos líderes del “prucés”, ¿no constituye también un sorprendente caso de prevaricación “acumulativa” o prevaricación sobre prevaricación?; 6º) El abusivo recurso a la excepcional vía del decreto-ley por parte del Gobierno: 48 normas de este tipo, entre la moción de censura al Gobierno de Rajoy y 2019, esto es, antes de la pandemia. 7º) La flagrante vulneración del artículo 3.1CE, relativo al deber de conocer y el derecho a usar la lengua española común; 8º) La manipulación del Centro de investigaciones Sociológicas y el frecuente incumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, exigidos por la oposición; 9º) La llamada Ley Celaá, última (¿?) de las reguladoras del sistema educativo, trufada de disposiciones recurridas y recurribles por inconstitucionalidad, como la “expropiación” del “[…] derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art.27.3 CE), porque como explicó la exministro de Educación “los hijos no son de los padres”; 10º) Las leyes de Eutanasia, Transgénero, etcétera; Y 11º) Para terminar, una  muestra de hasta qué punto puede llegar la ineficacia institucional de nuestro Estado de Derecho: Once años han transcurrido desde que el PP interpuso recurso de inconstitucionalidad a la vigente ley del aborto, y parece, en efecto, como si el TC lo considerase “caducado”, por no haber derogado dicho partido político la norma recurrida durante los cuatro años en los cuales gobernó con mayoría absoluta. Surrealista (parece que ello ha podido suponer la práctica de alrededor un millón de abortos durante el último decenio).

Si lo anterior son sólo parte de los hechos, en cuanto a las expectativas inmediatas valga con mencionar la próxima Ley de Memoria Democrática, conculcadora de los derechos fundamentales de opinión y de libertad de cátedra (art. 20 CE).

¿Y cuál viene siendo el comportamiento de los partidos políticos y de los medios de comunicación ante este progresivo deterioro de nuestro Estado de Derecho? Justo es destacar el protagonismo de VOX en su defensa. De VOX, la agrupación política tachada, precisamente, de anticonstitucional. VOX fue, por otra parte, quien sentó en el banquillo a los protagonistas del “prucés” que no lograron darse a la fuga. Y solamente desde marzo de 2019, VOX ha interpuesto once recursos de inconstitucionalidad (entre ellos, el relativo al estado de alarma) y varios recursos de amparo ante el TC. Tengo su relación a la vista.

No te canso más, Josep María, pero no quisiera concluir sin  evocar las opiniones de dos importantes intelectuales españoles acerca de la historiografía y de la propia Historia, ambas oportunas para  enjuiciar la aberrante e inconstitucional Ley de Memoria Democrática que se nos viene encima, la cual se configura como un paso más, verdaderamente decisivo, para la deconstrucción de España. Es la primera del profesor Federico Suarez. Dice así: “[…] la historia no se inventa. Está en las fuentes, o en los papeles, y estos se hallan en los archivos, en las hemerotecas o en las bibliotecas […]”. Y el doctor Marañón, advertía: “Hay un pasado que es sólo cementerio de la Historia. Hay otro pasado del que brota, en su hondura viva, el manantial del futuro”. 

Un gran abrazo, Josep María.

 Leopoldo Gonzalo y González. Catedrático de Universidad. Correspondiente de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación y de la Historia.