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UN DECRETO QUE SIGUE CAUSANDO ALARMA

El BOE del pasado 9 de mayo publicó una Orden Ministerial con el objeto de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del vigente estado de alarma, o sea de sitio (los nombres no alteran las substancias, otra cosa es nominalismo) en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una “nueva normalidad” (¿?). En su artículo 9.2d), dicha norma dice textualmente: “No se podrán utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto”. Ciertamente, sobrecoge el tenor del precepto. Pero lo más notable es que una norma jurídica de rango tan modesto como una orden ministerial, so pretexto de desarrollar lo establecido por el Real Decreto de declaración de “alarma”, introduzca una disposición que parece rozar, cuando menos, la libertad de manifestación, si no la misma libertad de culto. Para valorar semejante disposición es preciso situarla en su adecuado contexto y examinar su sentido gramatical, una de las técnicas posibles para la interpretación de las normas jurídicas.

Vamos con lo primero. De lo que se ha convertido en una obstrucción, de hecho, respecto de la celebración de la santa misa en los templos durante el confinamiento por el covid-19, son muestras la irrupción policial en la Catedral de Granada para suspender la eucaristía que celebraba su arzobispo titular, y la misma acción policial respecto de la misa oficiada por el párroco de San Jenaro, en Madrid, obligándole incluso a identificarse durante la celebración, son ambas, digo, muestras de la voluntad política de hacer cumplir a rajatabla tan arbitraria prohibición. Lo pudieron ver los espectadores de alguna de las cadenas de televisión no intervenidas por la mano, pública o privada, pero siempre servil, de la desinformación. Resulta sorprendente que durante todo este tiempo los ciudadanos hayamos podido acudir a los supermercados guardando largas colas callejeras y manteniendo la “distancia social” exigida en su interior para efectuar nuestras compras y, sin embargo, no se nos haya permitido asistir a los oficios religiosos ordinarios ni de la Semana Santa en nuestros templos, muchos de los cuales permiten, por su generosa amplitud, guardar las reglamentarias “distancias” físicas fortaleciendo las espirituales.

Y junto a lo anterior, resultan no menos sorprendentes las declaraciones del cardenal Omella, actual presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en el sentido de que durante este tiempo “la Iglesia ha estado confinada pero no parada”. Es, desde luego, conocida la encomiable labor de tantas instituciones religiosas -no solo de Cáritas-, como vienen dedicándose a la asistencia de los más necesitados, al margen y mucho antes de la pandemia. Así, las Hermanas de la Cruz, las Hermanitas de los Pobres, las Misioneras de la Caridad, las Hijas de la Caridad, las Siervas de María, las Franciscanas de Nuestra Señora del Refugio,… para qué seguir. Son, todas ellas, órdenes religiosas volcadas hacia la caridad y cuyo origen se remonta a tiempos de mayor temperatura religiosa y eclesial. Pero las declaraciones del arzobispo Omella muestran también un aspecto de lo que podríamos denominar “sociologización” de la Iglesia española. Parece como si la misma hubiese renunciado a su función magisterial y, de algún modo, subordinase la proclamación de sus irrenunciables principios al previo debate social y político de determinadas cuestiones, como si no le concerniesen primariamente ciertos hechos gravísimos de la actualidad.

Se lamenta el presidente de la CEE de que, pese a la excepcional circunstancia que vivimos como consecuencia del covid-19, continúe en el Congreso la tramitación de normas como la Ley Orgánica de Modificación de la LOE o la legalización de la eutanasia, “sin reflexión social previa”. Parece obvio que la opinión de la Iglesia en lo relativo a estas cuestiones ha de ser la misma, clara y distinta, cualesquiera que sea esa “previa reflexión social”. Sobre todo en lo concerniente a la eutanasia, gravísimo problema planteado hace bien poco, con motivo del debate acerca de cuál debería ser el orden de preferencia para la aplicación de los insuficientes recursos de cuidados intensivos, a las personas hospitalizadas por la pandemia según su edad, parámetro éste elegido para estimar su esperanza de vida probable. Ciertamente, se echó en falta la orientación moral de la CEE en relación con este asunto. Como se acusó su incomparecencia ante el sobrecogedor escándalo de la profanación por el Gobierno de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y de la sepultura de Franco, figura tan vinculada a la historia contemporánea de la Iglesia en España.

En fin, como recientemente ha escrito el profesor Dalmacio Negro en relación con la progresiva ausencia de la Iglesia española en la vida nacional, si bien “[…] las excepciones particulares, sobre todo en el bajo clero, son numerosísimas y calladas, [La Iglesia española], como institución jerárquica, ha colaborado con su atronador silencio ante la legislación inicua, a la rápida descristianización de la Nación […] Las excepciones entre la jerarquía, desasistidas por la mayoría, son intrascendentes”.

Por lo que se refiere a la interpretación gramatical del artículo 9. 2.d) arriba citado, la palabra “culto”, cuyos actos quedan prohibidos “[…] en el exterior de los edificios y en la vía pública”, el DRAE recoge, al menos, dos acepciones significativas: 1ª) “Homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los beatos”; y 2ª) “honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado”. Y como se supone que legisladores y “legislados” hablamos la misma lengua, dicho precepto lo que viene es a limitar algo esencialmente testimonial o externo y relativo a un derecho fundamental, como es el reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española: la libertad de culto, precisamente. No se trata sólo de la libertad religiosa. Por eso en la antigua Roma los primeros cristianos salieron de las catacumbas en cuanto se reconoció su culto. ¿O se trata de eso, de una vuelta a las catacumbas? “Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa” (Mt. 5, 14).

El reciente episodio de la exposición de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados a las puertas de su Basílica, en el día de su fiesta, ha supuesto al cardenal Cañizares, cuando menos, una severa amonestación por parte del Ayuntamiento de Valencia. Y eso que, al parecer, se trató de una simple exposición sin previa convocatoria de la que sólo pudieron disfrutar quienes en esos momentos circulaban por la Plaza, respetando con holgura las distancias prescritas. Lo mismo aconteció en Madrid con la exposición de la imagen de La Almudena a las puertas de la Catedral, en la Plaza de la Armería, sin que por ello el Arzobispado haya sido objeto de reconvención administrativa alguna. Debe tratarse de una diferencia más, propia de esta España de las Autonomías. 

El mismo cardenal Omella ha manifestado que, en su opinión, y en cuanto a la intervención policial durante la celebración eucarística en algunas iglesias de Cádiz, Valencia o en la propia catedral de Granada, durante el estado de alarma,” […] no ha habido intención del Gobierno de cercenar la libertad de culto […] pudo haber alguna situación problemática sobre todo en la catedral de Granada, pero el obispo interpuso su reclamación y nada más”.

En definitiva, todo parece apuntar en la dirección de un intento más para confinar el culto cristiano a las catacumbas, según el propósito anunciado de “asaltar los cielos”, de “cambiar la sociedad” en pos de esa “nueva normalidad” (¿?) que se nos anuncia.

Este año se conmemora el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, llamado El Grande. Su biógrafo, G. Weigel, cuenta un episodio de cuando era arzobispo de Cracovia. Al parecer, un párroco de su diócesis acudió a él para informarle de que las autoridades comunistas le exigían el pago de un impuesto especial con el propósito de desanimar la práctica religiosa en aquella heroica Polonia sometida a la férula soviética. Wojtyla no sólo no le proporcionó los medios para hacer frente a tan extorsionante exigencia, sino que le aconsejó dejarse detener si era preciso. Así lo hizo el párroco, e inmediatamente el arzobispo se personó en su parroquia para asumir el ministerio del detenido. Y el mismo Weigel narra también otro episodio que algunos recordamos. A modo de arquetipo para la ciudad socialista, el Estado polaco diseñó la Nowa Huta sin prever la construcción de iglesia alguna. Ello no impidió que en la primera Nochebuena, y en un descampado, el arzobispo de Cracovia celebrase la Misa del Gallo. Ejemplar Papa Wojtyla, ¡Santo súbito!

Para terminar, quizá convenga recordar también el testimonio del exministro Fernández Díaz, quien en la presentación del libro de Alberto Bárcenas, La pérdida de España (¡Dios no lo quiera!), contó su conversación con Benedicto XVI, en 2015, tras la ceremonia de canonización de la religiosa española Carmen Sallés, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Enseñanza. El Papa Ratzinger comentó al entonces ministro: “El Diablo quiere destruir España. El diablo ataca más a los mejores, y por eso ataca a España y quiere destruir a España”. Fernández Díaz, le suplicó: “Santidad, rece por España”, y el Papa Benedicto le confesó: “Ya lo hago”. Amén.