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Eutanasia, ¿derecho o retroceso histórico?

Al comienzo de la actual legislatura la eutanasia apareció incluida en la agenda del Gobierno. No obstante, durante un cierto tiempo el Proyecto de Ley permaneció en un discreto segundo plano dado el impacto social que su tramitación habría generado en una situación sanitaria fuertemente marcada por el dramático descontrol de la pandemia y por la acumulación de muertos (más de 50.000). Pues bien, estamos ya en la tercera ola del Covid 19 y la tasa diaria de fallecidos sigue creciendo y creciendo.

Sin embargo, la presión política (desde luego, no la opinión pública) ha llevado a aprobar el Proyecto de Ley del “derecho a morir” y a que algunos se sintieran orgullosos por situar a España en el Grupo de los seis países que en el mundo autorizan la eutanasia.

Una primera valoración del texto de tan triste Ley permite señalar, entre otras cosas, lo siguiente:

• Primero, elude por completo referirse al artículo 15 de nuestra Constitución que proclama rotundamente el derecho a la vida, lo contrario al supuesto “derecho a morir”.
• Segundo, mira para otro lado para evitar decir que el artículo 43 de la Constitución española establece que los poderes públicos deben proteger la salud de los ciudadanos, ayudar al suicidio está en el polo opuesto.
• Tercero, no contempla ofrecer como primera opción a las personas que se encuentran en una situación de extrema fragilidad la prestación de cuidados paliativos, ni tampoco tiene en cuenta la amplia reivindicación de reforzarlos dentro del sistema sanitario público.
• Cuarto, desconoce deliberadamente que el Código de Deontología Médica ordena al médico no dañar y que la Asamblea Medica Mundial se ha pronunciado inequívocamente en este mismo sentido
• Quinto, coloca en una situación inaceptable a los médicos que no quieran secundar la práctica de la eutanasia y les obliga a tener que inscribirse como objetor en un Registro oficial como si su posición en favor de la vida y contraria a la eutanasia debiera ser la excepción y no la regla general para todos los médicos.
• Sexto, pretende “normalizar” socialmente la eutanasia, considerándola como “muerte natural”.
• Séptimo, son más que endebles las garantías que se prevén para las personas con discapacidad intelectual y para menores.

A pesar de todo, ahí está la Ley: un derecho a morir aprobado sin debate social y político, sin transparencia, eludiendo los Informes del Consejo de Estado y del Consejo del Poder Judicial y desoyendo también el Informe del Comité de Bioética de España sobre el final del proceso de la vida y la atención en el proceso de morir.

Las conclusiones de este Informe son inequívocamente contrarias a la eutanasia como un supuesto derecho subjetivo y como una prestación pública y ello por razones fundadas en la ética de la vida y de la dignidad de las personas.

El mensaje del Comité de Bioética es muy claro: “legalizar la eutanasia y/o el auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana” y un retroceso en nuestra civilización.

Julio Sánchez Fierro. Abogado y experto en Derecho Sanitario y Dr. en Ciencias de la Salud y ExSubsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo.