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Anticonstitucionalismos.

En las últimas semanas hemos asistido a un debate recurrente en medios, tanto escritos como televisivos, “mainstream” o alternativos. ¿La presencia de Vox en el Gobierno de Castilla y León representa la entrada de un partido “anticonstitucional” en las instituciones? ¿o más bien se trata de propaganda y/o estrategia por parte de sus rivales políticos? 

Vivimos una época en la que la desinformación parece multiplicarse a medida que aumentan las fuentes de información. Paradójicamente, la existencia de medios técnicos y empresariales para llevar a cabo la verificación de las noticias no consigue aliviar lo que para muchos es constante exposición al sesgo e interés de parte. Por ello, no está de más detenerse un poco ante las cuestiones más espinosas y realizar un análisis con cierta calma y pretensión de rigor. Quizás esto nos sirva al menos para no presenciar atónitos la coexistencia aparentemente natural entre argumentos que si no excluyentes entre sí, son bastante contradictorios.

Una de las razones esgrimidas para calificar a Vox de anticonstitucional, tal y como planteaba una respetable tertuliana un mediodía reciente, es que pretende acabar con las Comunidades Autónomas, base al parecer insustituible de nuestro estado social y democrático de derecho. Suponiendo que esta posición no fuera sometida a matices con la incorporación de los conservadores a diversos gobiernos autonómicos, ¿es suficiente dicha pretensión para considerar a un partido político anticonstitucional? Por otra parte, este tipo de cuestiones no atañen exclusivamente a la bancada derecha de nuestro arco parlamentario. Un contraargumento que se suele emplear por parte de los defensores de Vox o algún popular motivado por la solidaridad es que la coalición a la izquierda de la izquierda, Unidas Podemos, quiere acabar con la forma política con la que nos dotamos en el artículo 1 de la Constitución Española, la Monarquía Parlamentaria.

Soy de la opinión de que ninguna de estas dos pretensiones, si bien nos pueden gustar más o menos, provocar adhesión o rechazo, deberían ser consideradas anticonstitucionales. La explicación para mí sería que la propia Constitución prevé un procedimiento reforzado en el artículo 168 para llevar a cabo la “revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capitulo segundo, Sección primera de Título I o al Título II”, procedimiento que sería necesario en este caso por estar tanto el Estado Autonómico como la Monarquía Parlamentaria expresamente recogidas en el Título Preliminar, además del posterior desarrollo de la institución de la Corona en el Título II. Por lo tanto, y a pesar de que las cuestiones jurídicas son raramente pacíficas, creo que se podría afirmar que no es anticonstitucional la búsqueda de un objetivo político por los cauces legales establecidos en la propia Constitución. Esta opinión se fundamentaría en el consenso sobre la naturaleza polivalente de la Constitución Española, que buscaría que dentro del marco político definido cupieran opciones políticas de muy diferente signo, sin programar definitivamente las opciones políticas o de Gobierno.

No obstante, siguiendo con este razonamiento se podría afirmar que lo que son profundamente anticonstitucionales son otras acciones o estrategias para la consecución de objetivos políticos con los que ciertos partidos nos deleitan a menudo. En este grupo entrarían la pretensión de transformar unas elecciones autonómicas en constituyentes, la convocatoria de referéndum con un método y sobre materias que no encajan con lo previsto en la propia Constitución y la Ley o la realización consumada de una declaración unilateral de independencia, con el no despreciable aderezo de la promesa de su repetición. En estos casos no hay un respeto de los cauces legales necesarios para conseguir reformas de calado, se percibe más bien la intención de querer contraponer a la Constitución nuevas realidades de facto que se consolidarían por la vía de los hechos. Se podría esperar que los partidos que impulsan este tipo de políticas fueran considerados anticonstitucionales o que al menos hubiera un debate sobre ello, ¿no es cierto? Parece a priori lo más lógico, pero lo que nos encontramos es que no uno, ni dos, sino los tres partidos detrás de los actos ilegales relatados: ERC, Junts y CUP, han sido premiados con su presencia en la Comisión de Secretos Oficiales. Todo muy normal añadiría, teniendo en cuenta otros factores como el que uno de ellos, ERC, es socio principal de la actual coalición de gobierno. Lo de Bildu EH lo dejamos para otro capítulo, o mejor pensado, para la siguiente negociación.

Juan Pablo Hervella, licenciado en derecho y ADE en ICADE y consultor de profesión, Secretario General de ‘Catalunya Peuple D’Espagne’.