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Como no hay mal que por bien no venga, en términos de políticas financieras publicas esta crisis hasta podría suponer un revulsivo, aun cuando me cuesta creer en la capacidad de nuestros políticos para visualizarlo y afrontarlo. Pero también es cierto que la escalada del déficit público -difícilmente bajará del 10%- de la Deuda pública -que se irá al 110%, en el mejor de los casos- y del desempleo -que puede escalar al entorno del 20%- pueden conducir a un acuerdo. ¿A qué me refiero? Las Administraciones públicas apenas disponen de patrimonio con el que financiarse, el endeudamiento público ya es excesivo y no van a recibir fondos de otras (BCE/UE) indefinidamente, luego necesariamente se han de financiar con tributos. Pues bien, nuestro sistema financiero, el tributario en particular, requiere una intervención de urgencia para sobrevivir: 1.- Afrontando, de una vez y en profundidad, el reequilibrio del modelo de financiación y administración fiscal autonómico, reconociendo que el gasto público autonómico es el corazón de nuestro Estado del bienestar y que es imprescindible una coordinación intensa y leal entre todos -también vascos y navarros- interlocutores; 2.- Simplificando y dotando de mayor equidad a nuestro sistema de tributación de la renta de las personas físicas, entre otras cosas, derogando -que ya toca- el atrabiliario, extravagante y rancio régimen de estimación objetiva por módulos; 3.- Poniendo orden en el malhadado estado de la Administración de justicia tributaria, caduco, enrevesado y que no deja espacio alguno para la conciliación; 4.- Reformando en profundidad el modelo organizativo y funcional de la AEAT para que pivote sobre la colaboración fiable con los contribuyentes y la incorporación al sistema de la Economía informal; 5.- Reordenando las políticas de gasto público para que sean sostenibles, centrándolas en los servicios públicos esenciales, entre los que no están las televisiones públicas pantagruélicas ni los ejércitos de asesores de todo tipo y pelaje de organismos públicos, observatorios y otros engendros. 6.- El 40% del gasto público de la AGE se lo comen las pensiones, siendo imprescindible liberar el sistema de financiación de las mismas del lastre de todo tipo de subsidios asistenciales, como las rentas mínimas, desplazando su financiación -también presupuestariamente- a los presupuestos generales de las Administraciones públicas y coordinando todo el asistencialismo provisto por cada una de ellas. Podría seguir, pero con estos seis pactos ya habría bastante. Si esta crisis fuera la ocasión para acometer decididamente una sola de estas políticas financieras públicas, una sola algo habríamos avanzado.