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Durante la epidemia que relata Albert Camus en su novela “La peste”, los gobernantes se dedicaron únicamente a elaborar estadísticas con el mayor rigor posible, y a establecer medidas acordes con lo que aconsejaban los médicos, conscientes de que, para derrotar a la enfermedad, había que tener antes todos los datos de lo que estaba ocurriendo.

Nuestro gobierno, en cambio, continúa librando la batalla política en lugar de la batalla sanitaria. Hace creer que todo está controlado cuando no es así; comunica que va a repartir mascarillas y a hacer test masivos cuando ni siquiera tiene el material para hacerlo; centraliza la toma de decisiones, limitando la iniciativa de las Comunidades Autónomas; ensalza la sanidad pública mientras ellos acuden a la privada; hace lo posible por reducir artificialmente el número de afectados y fallecidos; censura las redes sociales; compra la opinión de televisiones y periodistas con ayudas millonarias; lanza ofertas estériles de pactos a la oposición para tratar de repartir la responsabilidad, pero solo cuando ya está todo desbordado; saca pecho por su buena gestión, cuando somos el país del mundo con la mayor tasa de muertos por habitante; y, sobre todo, sigue sin pedir disculpas por haber antepuesto la ideología a la salud pública durante las manifestaciones del 8-M.

Es difícil saber cuáles serían las medidas más acertadas contra la epidemia. Pero de lo que no me cabe duda, es de que es imposible que un gobierno tan ideologizado sea capaz de poner en marcha medidas que sean objetivamente beneficiosas. Sus medidas sólo podrían beneficiar a la población de un modo subsidiario.