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Por una selectividad única
Todos los alumnos que superan las pruebas de acceso a la Universidad, las llamadas EBAU en unas comunidades y PAU en otras, pueden acceder a cualquier universidad española, en función de la calificación final del alumno. Este sistema aparentemente justo, no lo es porque en dicha calificación interviene su colegio y porque cada alumno hace la prueba de acceso en su comunidad autónoma y lamentablemente existen diferencias muy significativas entre ellas en cuanto a contenidos, niveles de exigencia y criterios de corrección.

La principal causa de la injusta arbitrariedad con que se adjudican las plazas en las universidades españolas se deriva de que el 60% de la calificación final del alumno procede de la calificación que facilita el centro en el que ha estudiado cada alumno, sin que exista ningún control externo de que tal nota refleje fielmente el nivel real de conocimientos del alumno.

Todos los aspectos antes mencionados hacen que actualmente no existan las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades.

Para evitar todas las anomalías aquí mencionadas existen dos procedimientos:

a) Que la prueba de acceso a la universidad (EBAU/PAU) sea la misma en toda España y realizada durante los mismos días. La calificación obtenida por el alumno en dicha prueba debería ser la única nota que se debería utilizar para establecer, en igualdad de condiciones y derechos, el orden de entrada en cualquier Universidad.

b) Que se realice una prueba final de Bachillerato, la misma para todos, que esté diseñada, pasada y corregida por tribunales externos, constituidos por funcionarios directamente dependientes del Ministerio de Educación. La calificación obtenida en esa prueba sería la que permitiría obtener el título de Bachiller y, a la vez, la única que se utilizaría para establecer, en igualdad de condiciones y derechos, el orden de entrada en cualquier Universidad.

Esta segunda propuesta evitaría la complejidad de la primera propuesta de coordinar cada año a los responsables de cada materia de las diecisiete comunidades autónomas y del MEFP, que es el responsable de las pruebas de Ceuta y Melilla. Bastaría con establecer una comisión responsable de elaborar los exámenes de la prueba final de Bachillerato, en la que debería haber profesores de Bachillerato, que son los que realmente conocen los contenidos y niveles de exigencia de esta etapa, y profesores de Universidad de las diferentes comunidades, cuya permanencia debería durar varios años para aprovechar su experiencia. Asimismo, se debería establecer que, como demuestran positivamente las experiencias realizadas, las calificaciones obtenidas en las materias más afines a los estudios que quiera cursar el alumno fueran las que más influyeran en su nota de entrada en dichos estudios.

En nuestra opinión la realización de una prueba final única para la obtención del Título de Bachiller, como se hace en otros países democráticos, es la opción más conveniente, además de ser la más viable. Esto permitiría que el sistema cumpliera las exigencias de igualdad de oportunidades y aseguraría, con eficacia normativa y transparencia, el cumplimiento del Artículo 149.1.30 de la Constitución Española, que dice:

“El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 30ª. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.”.

Esperemos que en un futuro cercano, dispongamos de un mecanismo de acceso a los estudios universitarios que sea realmente justo.

Antonio Jimeno Fernández (@antojimeno). Presidente del Sindicato AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria). Catedrático de Instituto de Enseñanza Secundaria, doctor en Ciencias Biológicas por la ‘Universitat de Barcelona’ e Ingeniero Técnico en Química Industrial por la Universidad Técnica de Barcelona e investigador en Biología Marina.