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El año 2017 fue especialmente difícil. Los plenos de la vergüenza del Parlamento catalán, dónde se aprobaron las leyes de la desconexión, dieron paso a un golpe de estado ahora de triste actualidad.

Demolición controlada del Estado de Derecho

No solamente se celebró una farsa de referéndum, no. Se destinaron millones de euros a financiarlo, se crearon estructuras paralelas con el fin de hacer una transición a la separación lo más rápida posible, se generaron cientos de vídeos y mensajes en redes sociales dedicados a vender, a propios y extraños, que España era un estado represor y que prohibía las más elementales reglas del juego democrático. Se tomaron las calles, a fuego y pedrada, y se vulneraron los derechos de la oposición, amén de usar de forma indebida los datos privados para sus censos ilegales.

Todos sabemos cómo acabó. Los principales responsables, juzgados y condenados para ser posteriormente indultados por el gobierno de Pedro Sánchez.

Y cuando parecía que no podía superarse la gravedad de esos hechos, llega este 2022 y en sus postrimerías asistimos a la demolición controlada del Estado de Derecho mediante las reformas y derogaciones de los delitos de sedición y malversación.

Unas reformas hechas a medida de los delincuentes socios del PSOE y de Podemos, los separatistas catalanes, a los cuales les saldrá muy barato el golpe de estado.

Mal acaba este 2022. Y 2023 no tiene pinta de empezar mejor. En mayo se celebran las elecciones municipales. Veremos si los españoles castigan estos hechos o les son indiferentes. De sus votos dependerá que nuestra democracia supere o no, este trance.

Ángeles Ribes Duarte (@AngelesRibes_68). Concejal y candidata a la Alcaldía de Lleida por Valents