Conversación tranquila de @jmfrancas con María Luisa Santamaría, doctora en Derecho, especialidad en protección de la infancia.


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JMF: ¿De qué hay que proteger a la infancia ahora mismo?

María Luisa Santamaría: Pues de sufrir malos tratos, todo tipo de abusos sexuales y especialmente del maltrato institucional que sufren muchos niños separados injustamente de sus familias.

JMF: ¿Es muy frecuente esto en España?

María Luisa Santamaría: la injusta separación familiar es más frecuente de lo que debería, y los malos tratos y abusos sexuales intrafamiliares también existen y por eso es tan necesario el sistema de protección infantil, aunque su funcionamiento debería cambiar radicalmente.

JMF: ¿Cambiar en qué sentido?

María Luisa Santamaría: Hay medidas de protección infantil con distinta incidencia en el ámbito familiar del niño. Hay situaciones de riesgo en que se detectan deficiencias parentales subsanables en que el niño se mantiene en su núcleo familiar y se realiza un trabajo con la familia y hay situaciones de desamparo en que la negligencia parental es grave y se decide separar al niño de la familia. Sin embargo, creo que se abusa de las situaciones de desamparo mientras que se dedican pocos recursos económicos a las ayudas familiares en situación de riesgo. Ese sería un aspecto a modificar. Quizás con la nueva ley del 2015 se estén dando pasos en este sentido, aunque dicha ley tiene puntos muy mejorables.

JMF: Mejorables, ¿Cómo?

María Luisa Santamaría: He hecho una tesis entera sobre esta cuestión, así que la respuesta puede ser muy amplia. Descendiendo a lo concreto, hay que preguntarse por qué la ley considera que un niño está abandonado cuando lo cuidan personas distintas de los padres. Con esta excusa, muchos niños que están perfectamente atendidos por sus abuelos, por ejemplo, son declarados en desamparo, cuando no es así. Aparte del contenido de la ley, están la práctica administrativa y la práctica judicial que también tienen mucho que mejorar.

JMF: El gobierno trabaja sobre anteproyecto de ley orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia, en el proyecto contemplan blindar a los trabajadores sociales como autoridad pública en “situaciones de emergencia”. A mí esto me da miedo.

María Luisa Santamaría: Imagino que es porque la sociedad está empezando a despertar y los informes de los trabajadores sociales se están empezando a cuestionar.

JMF: Pero,  ¿darles más autoridad?

María Luisa Santamaría: Claro, la Administración responde blindando a los suyos…

JMF: A mí me llegan muchas quejas de su comportamiento.

María Luisa Santamaría: Sí, por algún motivo se quiere mantener un número de niños tutelados por la Administración Pública y los informes de los trabajadores sociales son necesarios para justificarlo.

JMF: ¿Hay abuso en eso?

María Luisa Santamaría: Pienso que sí, la subjetividad que rodea un informe psicosocial es enorme. Por ejemplo, los informes sobre las relaciones afectivas entre padres e hijos pueden manipularse mucho. Si una madre besa mucho a su hijo, al que hace una semana que no ve, el técnico evaluador puede decir que tiene una relación afectiva invasiva y se le besa poco puede decir que es fría con su hijo. Es decir, cualquier comportamiento de la madre puede considerarse negativo. Y eso lo utilizan para convencer a jueces y magistrados y conseguir que el niño permanezca separado de su familia.

JMF: Y ¿por qué hacen eso?

María Luisa Santamaría: Se apunta a que existe un móvil económico en mantener un cierto número de niños tutelados por las subvenciones que se reciben, pero yo eso no lo he estudiado.

JMF: Pero,  ¿te ha llegado? A mi me llega continuamente…

María Luisa Santamaría: Si, por supuesto…

JMF: ¿Cómo habría que modificar la ley para prevenir este comportamiento?

María Luisa Santamaría: La ley debería reflejar el modo de distribuir el presupuesto, en que la gran mayoría debería ir destinado a satisfacer necesidades intrafamiliares, es decir, superar situaciones de riesgo mediante la instrucción oportuna, una pequeña parte debería destinarse al acogimiento familiar para aquellos casos de desamparo real y una mínima parte al mantenimiento de centros instituciones para el acogimiento residencial. Yo diría que el reparto del presupuesto debería ser de 65%, 25% y 10%. En la actualidad, el reparto está invertido.

JMF: ¿Al estar invertido da pie a la corrupción?

María Luisa Santamaría: Es posible, la falta de transparencia que existe en el uso de las dotaciones presupuestarias puede ser un indicio. Por otro lado, el hecho de que se privaticen los centros de protección da para malpensar, porque ningún empresario quiere tener su establecimiento vacío y la ley dice que el acogimiento residencial debe ser residual. Con el modelo actual es imposible.

JMF: ¿Las ‘tutelas’ son un buen negocio?

María Luisa Santamaría: Eso se dice, pero lo que realmente habría que saber es cuántos funcionarios hay en término medio detrás de cada niño tutelado. Creo que nos sorprenderíamos. Las entidades de protección infantil se han convertido en verdaderos monstruos que hay que alimentar y si no hay niños tutelados no se justifica su existencia y su desproporcionada burocratización.

JMF: Gracias Maria Luisa, ya hablaremos más adelante sobre el nuevo proyecto de Ley del gobierno. Un beso.

María Luisa Santamaría: Un saludo y muchas gracias.