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Por fin el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, basílica católica en el centro de la ciudad de Barcelona, diseñado por Gaudí y cuyas obras se iniciaron en 1882 y que se preve, lo dudo, finalizarán en 2026, ha conseguido su “permiso de obras”, pedido en el año 1885 al Ayuntamiento de la localidad de Sant Martí de Provençals, actualmente incorporado a la ciudad de Barcelona y que hasta ahora dormía el sueño de los justos, haciendo del templo una obra ilegal. La teniente de alcalde de urbanismo del equipo de Ada Colau, Janet Sanz, se ha felicitado de “acabar con una anomalía histórica en nuestra ciudad”, añadiendo que la basílica tendrá que pagar “como todo el mundo y sin ningún tipo de privilegio”, dando a entender que los euros quizas hay jugado un papel clave en esta decisión de normalidad. Al pago de la licencia de 4,6 millones de euros, se suma a 36 millones de euros que tendrá que abonar La Sagrada Familia para financiar los gastos que generan las actividades de la basílica dado que es uno de los tres monumentos más visitados de España y la segunda iglesia más visitada de Europa y eso ahora hay que pagarlo.

El hecho de que siga en obras se debe precisamente a que La Sagrada Familia solo se construye con donaciones particulares que, ahora, además de costear toda la construcción, deberán cubrir el peaje impositivo que le exige la ciudad a la que ha promocionado en todo el mundo y a la cuál reporta beneficios económicos incalculables.

No entiendo nada. ¿No suena a miserable que una obra hecha con donaciones pague como todo el mundo un peaje a la ciudad? ¿Alguien me lo explica?