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Hoy se vota en el Pleno del Congreso de los Diputados si se admite a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Jusapol para regular, por ley, la equiparación salarial entre los distintos cuerpos de seguridad y subir las retribuciones de policías y guardias civiles para disolver la brecha salarial, igualándolos a los cuerpos autonómicos donde sus respectivos gobiernos han ido, como en casi todo, por libre y al alza y el Estado no ha ido y lo ha dejado a la baja. El gobierno en el fondo sabe que desde siempre la Policía y, no digamos la Guardia Civil, traga todo con casi nada.

Más de 25 años de desigualdad claman al cielo y, ya en la tierra, claman a las Cortes Generales y a los diversos gobiernos: Una brecha de 600 euros brutos al mes que sigue aumentando, más desigualdades en el trato de las horas extras, asistencias a juicios en días libres, pagas extraordinarias, abandono de los más de 13.000 compañeros de Segunda Actividad y reserva y la consiguiente merma en la jubilación, hacen que España trate fatal a los que nos defienden.

El acuerdo entre el Gobierno anterior, que el actual ha hecho suyo, y diversos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, fiaba la solución a medias y a largo plazo y Jusapol la quiere ya. Estamos hablando de un coste de poco más de 1.500 millones de euros, pero no solo es dinero, es ser justo con aquel que por nosotros deja el pellejo cada día.

No entiendo nada. Cuando todos los partidos ponen el grito en el cielo por la brecha salarial hombre mujer, ¿tiene sentido que la brecha entre una y otra policía, que si depende de los políticos, siga abierta? ¿Alguien me lo explica?