El hecho es que una sentencia de conformidad pactada entre la fiscalía y el empresario andorrano Fidel Pallerols, el exsecretario de organización de Unió  Vicenç Gavaldà, y el ex director general de Trabajo Lluís Gavaldà, supuso para los dos primeros aceptar una condena de siete meses de cárcel por fraude de subvenciones y para el tercero la condena de un año y medio por malversación. Si bien lo previsible era que, por la levedad de las penas, los acusados pudieran evitar la cárcel, los magistrados han estimado que convenía pena de cárcel “para intimidar a todos aquellos ciudadanos/políticos que pudieran sentirse tentados” por la corrupción.

Supongo que la sentencia, que es recurrible, ha sorprendido negativamente a los acusados que confiaban ciegamente en seguir en libertad. Ha caido en gracia a todos aquellos ciudadanos que están escandalizados por la impunidad que de ordinario acompaña a la corrupción en España y ha causado asombro a un amplio sector jurídico que no acierta a entender que la justicia tenga la función de intimidar.

Supongo, tendría su gracia, que todo el affaire no será una maniobra orquestada por el fiscal y los magistrados para llevar a los acusados al huerto y hacerles admitir su culpabilidad y el pago de un buen puñado de euros, dado que la fiscalia no tenía nada claro poder ganar el juicio. Dado que el contenido real de la sentencia es ejemplarizante y supone un soplo de aire fresco a los ciudadanos que consideran la corrupción como el segundo problema de España, no sería mucho pedir que al menos la redactaran correctamente y no posibilitaran -por intentar intimidar– un recurso tan fácilmente.