Cuando Borrel califica la política de Sánchez con Cataluña de “política del ibuprofeno” como “aquella que intenta rebajar la tensión a ver si, con los ánimos más calmados, es posible afrontar la situación con más racionalidad” y la tacha de amortizada por ineficaz, son ya bastantes las voces que proponen la ‘ilegalización’ de aquellos partidos que promueven la disolución de España. PP, Ciudadanos, VOX y algunos eminentes socialistas, contemplan la opción de sustituir el analgésico por una cirugía más que invasiva por aquello de que “muerto el perro, muerta la rabia”. La ‘ley de partidos’ ya abrió ese camino para aquellos que flirteaban con el terrorismo y ahora se trataría de modificarla para que cupieran los que flirtean con la independencia.

Entonces, amén de todos los argumentos propios de la eterna discusión de prohibir o no prohibir, se dudó apelando a la grave crisis ciudadana con disturbios sociales que produciría cualquier actuación de este tipo y la verdad es que no pasó nada de nada, exceptuando el hecho de que los ilegalizados lo pasaron fatal y tuvieron que ingeniárselas para, cambiando de cara, esperar tiempos políticos favorables para volver a resurgir de sus cenizas; siempre hay alguien que acude en socorro del mal bicho. Entre ilegalizar y que se te coman, caben, no sé por cuanto tiempo si no hacemos nada, muchos coloridos y sobre todo cabe uno bien simple: aplicar las leyes que tenemos y que “el que la hace la paga”, sin cambalaches políticos.

No entiendo nada. Más que hablar de grandes remedios drásticos, ¿no sería mejor aplicar ya siempre la ley sin excepciones? ¿Alguien me lo explica?