Conversación tranquila de @jmfrancas con Ignacio Gomá, @ignaciogoma, profesionalmente notario y presidente de la Fundación Hay Derecho @HayDerecho.

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JMF: ¿Qué es ‘Hay Derecho’?

IG: Un Blog Jurídico que depende de una Fundación del mismo nombre que dedica a la defensa del Estado de Derecho y las instituciones, que consideramos se está deteriorando en nuestro país.

JMF: ¿Qué Instituciones se deterioran?

IG: Cuando hablamos de instituciones nos referimos tanto a las normas formales, como a las agencias y organismos del Estado como a las normas informales: valores democráticos, cívicos o valores éticos o individuales. En este sentido, creemos que tanto unas como otras han sufrido en los últimos años, por diversas razones.

JMF: ¿Qué deterioros os preocupan?

IG: Nos preocupan todos los deterioros que conduzcan a una menor transparencia del poder, a una menor imparcialidad, al conflicto de intereses, a la falta de meritocracia, al capitalismo clientelar ¿Una? La reforma del CGPJ que ahora está en el candelero.

JMF: ¿Piensas que quieren hacer más dependiente todavía la Justicia de la política?

IG: Claro. Parece evidente.

JMF: Pero es que ya no es independiente… ¿No?

IG: El juez de base es independiente en el sentido de que no depende de nadie. Puede juzgar libremente y nadie le puede dar órdenes ni tomar represalias contra él. Pero si hay un órgano que imparte premios (destinos, nombramientos) y castigos (expedientes sanciones) y ese órgano está politizado porque no sólo lo nombra el parlamento sino que es objeto de luchas políticas, cabe pensar que los nombramientos de los altos órganos van a estar «mediatizados» y sobre todo instala en el cuerpo la idea de que para progresar hay que pertenecer a alguna tendencia política. Eso es así desde que en 1985 se modificó la LOPJ para que 12 de los 20 miembros del COPJ que nombraban los propios jueces lo hiciera el parlamento, politizándolo más y ahora se pretende que se nombre no por mayoría de tres quintos sino por la mayoría absoluto, logrando así que ni siquiera haya que pactar.

JMF: ¿Qué solución proponéis?

IG: Las soluciones pueden ser varias. Se trata de buscar una falta de dependencia del CGPJ de las mayorías parlamentarias. Una es simplemente volver al diseño original de la primera LOPJ: que doce miembros sean nombrados por los jueces y entre los jueces.

JMF: Dicen que esto es poco democrático pues no los vota el ciudadano a través del Parlamento…

IG: Bueno, aquí ya vamos a los fundamentos. No hay una democracia moderna que no contemple, al menos:

a) El imperio de la ley, emanada de la voluntad general, representada en el poder legislativo elegido libremente mediante elecciones periódicas.

b) La división de poderes.

c) La legalidad de la Administración.

d) El reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales.

Es decir, no se trata de que todo sea votado, sino que tiene que haber una división de poderes que controle otros poderes que sí son elegidos.

JMF: En el Tribunal Constitucional pasa muy parecido. Sus miembros lo son por su color político… ¿qué habría que hacer?

IG: Es cierto que en otros países sí se votan algunos cargos, pero es que su sistema jurídico es distinto, no se sujeta a la ley escrita sino que básicamente es jurisprudencial. En cuanto a que habría que hacer: se trata de conseguir que los órganos de control sean independientes de los controlados, de tal manera que nadie (el más fuerte, el más poderoso) pueda influirles. Si no ocurre eso, al final acabamos en sociedades clientelares en las que unos pocos -los que controlan esas instituciones- consiguen capturar rentas, impidiendo que la innovación y el mérito triunfen.

JMF: En esas estamos si además le añadimos usar y abusar de la Fiscalía General del Estado y a través del CGPJ ascender a algunos jueces…

IG: Y si a ello añades un proyecto de ley para que los fiscales, dependientes del FGE, instruyan las causas… La reforma de que los fiscales instruyan no es necesariamente mala. Es así en algunos países. Pero para ello tiene que ser absolutamente independiente del poder político.

JMF: Eso me horroriza… Solo faltaría vetar la opción de la acusación popular (no sé cómo se llama técnicamente)…

IG: En efecto. Si desaparece la independencia en la instrucción y eliminamos la iniciativa del ciudadano, la posibilidad de perseguir la corrupción o desmanes del poder se reducen.

JMF: Si se empeñan con su mayoría en hacer esto, ¿qué se puede hacer democráticamente?

IG: Si defendemos el Estado de Derecho sólo se puede actuar desde él: impugnar ante los Tribunales, apelar a instancias superiores, y, sobre todo, que la sociedad civil se movilice para defender aquello que no es un concepto abstracto, sino algo que afectará a sus vidas y sus libertades.

JMF: Habéis promovido un ‘Manifiesto’, ¿qué pretendéis con él?

IG: Pues precisamente eso: concienciar al ciudadano de que esta cuestión no es una complicada cuestión propia de técnicos, sino algo que afecta a algo tan básico para el ciudadano como la separación de poderes que, a su vez, afecta a la democracia y a las libertades individuales.

JMF: Habrá que animar a los ciudadanos a leerlo. Un abrazo y mil gracias Ignacio, seguimos en contacto que hay tema para tiempo.

IG: ¡Igualmente! Y gracias por interesarte por nosotros.