El hecho es que La Junta de Andalucía ha aprobado el “Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda”. El objetivo de este texto legal es que “Andalucía sea insumisa a los desahucios”. El decreto “posibilita a la Administración autonómica expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de los inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio” en casos de desalojo.

Tengo que reconocer, puede que por mi condición de hipotecado, mi alta sensibilidad sobre esta cuestión. Entiendo que debe darse un equilibrio entre el derecho de los que concedieron la hipoteca a cobrarla, por muchos excesos en los que incurrieran, y el derecho del hipotecado a no sufrir cláusulas abusivas y poco más. Sí es verdad que en una época especialmente convulsa de crisis, el Estado debe intentar poner de acuerdo a las partes para que voluntariamente busquen formulas que eviten los extremos: el desalojo del que no pueda pagar y el convertir el banco en una inmobiliaria más.

La via chavista del ‘exprópiese’, amen de bananera, ataca directamente a la propiedad privada y manda la seguridad jurídica al estercolero. Cualquier medida que como elefante en cacharrería rompa lo que libremente se estableció en un contrato es una salvajada. Los gobiernos no están por encima de la ley y no deberían ni plantearse estar por encima del sentido común ni los principios y la propiedad privada es un principio básico en la economía de mercado.