You tube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcEzxyMJwuOCBNnjwPDxg?view_as=subscriber twitter: @jmfrancas
Estancado el traslado de la momia de Franco, ¿qué le queda al nuevo Zapatero? Le quedan los grandes temas favoritos del socialismo español cuando no le faltan ideas: cuestiones relativas a la Iglesia Católica y cuestiones relativas a la familia. Nada nuevo bajo el sol y tiempo al tiempo. Una de las cuestiones recurrentes es la enseñanza concertada, bajo el argumento de que el que quiera educación distinta, que se la pague, y que no se deben desviar recursos públicos, y menos cuando ha habido recortes, para las preferencias privadas.
La cosa es bien sencilla. Nuestra Constitución ampara la ‘libertad de enseñanza’, el derecho de los padres a escoger la ‘formación’ de sus hijos y el de los particulares a ‘crear centros docentes’ al mismo tiempo que se afirma que la enseñanza ‘básica es obligatoria y gratuita’. La concreción legislativa de estos preceptos se plasmó en la existencia de tres tipos de centros: públicos, financiación y titularidad pública, concertados, financiación pública y titularidad privada y privados, financiación y titularidad privada. La realidad es entonces que la responsabilidad de la gratuidad, en aquellos centros con financiación pública, es del Estado y curiosamente este dedica unos 6.000 euros a cada una de las plazas públicas frente a unos 3.000 frente a las plazas concertadas. Sabiendo además de que uno de cada cuatro alumnos pertenecen a la concertada, si se suprimiera esta el Estado tendría que invertir 3.000 euros más por más de dos millones de alumnos, ¿es quitar recursos públicos mantener la concertada? Tampoco olvidemos que si faltan 3000 euros por alumno, o los da el Estado o habrá que cobrarlos, de aqui las llamadas ‘aportaciones voluntarias de los padres’, que son convenientes y legales mientras realmente sean voluntarias.
No entiendo nada. ¿Es lógico castigar al que quiere invertir en la educación de sus hijos? ¿Alguien me lo explica?