El hecho es que Gallardón, actual Ministro de Justicia, con sus recientes declaraciones ha puesto sobre la mesa la propuesta elaborada por un grupo de expertos de lo que será el nuevo Código Procesal Penal. Por lo que ha trascendido, si las reformas gallardónicas acaban aprobándose, la famosa frase de Guerra de que a ‘España no la reconocerá ni la madre que la parió’ será perfectamente predicable de la justicia pre y post gallardoniana.

No deja de ser curioso, o mejor dicho miserablemente lacerante, que el proyecto que el PSOE de Zapatero tenía en cartera para controlar la justicia vaya a ser resucitado y aprobado por un Gobierno que en teoría obedece a una ideología algo liberal. La politización de la justicia que jueces y fiscales denuncian del proyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es una anécdota jocosa comparado con lo que supone este último intento de parto intervencionista.

El nuevo proyecto suprime al juez instructor y lo sustituye por un fiscal, dificulta la acusación popular y da al tribunal la capacidad de prohibir la información sobre cualquier proceso con su mordaza jurídica. Dicho de otra manera: El Gobierno a través de la fiscalía, de su obediencia jerárquica, podrá vergonzosamente influir en quién es o no es perseguible por la justicia. La sociedad, a través de la acusación popular, no podrá acusar judicialmente a nadie que descaradamente el Gobierno proteja, y una vez empiece el proceso el tribunal o el fiscal podrán inquisitorialmente silenciar todo lo que acontezca prohibiendo su difusión ¿Cómo llamarías a semejante cacicada?