El hecho es una suma de alertas. En 2011 el PSOE presentó una propuesta que no se llegó a concretar en el sentido de restringir al máximo la posibilidad de la ‘acusación popular’ con el objetivo de dejar en las exclusivas manos de la fiscalía la acción acusatoria. El nuevo ministro de justicia, señor Gallardón, que pregonó desde la misma semana de su nombramiento su interés por despolitizar la justicia, maneja un borrador en el mismo sentido de reducir al máximo este derecho constitucional de la acción popular (art. 125). Bajo la hipócrita excusa de que partidos y entidades afines no intervengan en la justicia pretende, en la práctica, suprimir este derecho,

Si a este hecho le sumamos lo ocurrido hace dos días en Cataluña, donde el fiscal llegó a un pacto con los acusados, véase el caso ‘Pallarols’ que afecta a la financiación irregular de Unió, y sabiendo que la fiscalía depende orgánicamente del Fiscal General del Estado y este es nombrado por los gobiernos, tenemos ya un signo claro de peligro. Por si no bastara, añadiré que el estatuto fiscal no prevé el delito de prevaricación. Con estos mimbres entenderemos que aprobar esta medida supondría dejar la acusación, de hecho y de derecho, en última instancia en manos del gobierno de turno.

Depredación política. Ya no solo la independencia es teórica, sino que la dependencia de la justicia con respecto al poder ejecutivo estaría blindada legalmente. No he oído peor noticia en años. Esta situación y la democracia serían simplemente conceptos contradictorios y el totalitarismo tendría en España base jurídica. La única defensa es la constitucionalidad de la citada ‘acción popular’, pero dada la experiencia del respeto a la Constitución de nuestra clase política, solo me cabe implorar a que nos defendamos de esta estocada definitiva al estado de derecho, con todas las armas que la propia democracia nos permite.