La actuación del alumno del Instituto Joan Fuster de Barcelona, que ha segado la vida a un profesor sustituto, ha puesto sobre la mesa cantidad de temas que darán para discutir durante días para al final no hacer nada. Es evidente que la actuación de un loco no debe en absoluto complicar la vida de los ciudadanos normales; plantearse por este hecho fortificar los institutos, llenarlos de seguridad privada, colocar detectores y demás sería del todo desproporcionado. Lo que ha pasado es tan grave como raro y no debe, en ningún caso, modificar la seguridad en los centros de enseñanza.

Cuestión distinta es que a la luz de este hecho y sobre todo de los miles y miles de ‘hechitos’ que implican la falta de seguridad física de los profesores, las agresiones físicas y verbales de padres y alumnos hacia los docentes son el pan de cada día, abunden en el hecho de que nuestro sistema educativo es algo peor que un desastre. Lo curioso es que este país estrena nueva Ley educativa que, sin ser la panacea, pretende revertir los valores del nulo esfuerzo y la falta de responsabilidad en nuestros estudiantes y no encuentra más que trabas políticas para su aplicación.

No entiendo nada. Un hecho aislado de suma violencia no debe obnubilar nuestro proceder pero, ¿la multitud de hechos de violencia menor no sería bueno que nos hiciera replantear devolver al Código Civil la idea de que los padres puedan “corregir razonable y moderadamente a los hijos? ¿Alguien me lo explica?