Conversación tranquila de @jmfrancas con Consuelo García del Cid Guerra (@Txaite), escritora, investigadora y presidenta de la asociación ‘Desterradas hijas de Eva’ (https://www.facebook.com/groups/758480310836369/?ref=bookmarks).

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JMF: ¿Qué es ‘Desterradas hijas de Eva’?

CGdC: Desterradas hijas de Eva ayuda a las madres y familias afectadas en general por la retirada de tutela de sus hijos en manos de los servicios sociales. Damos soporte personal, presentamos escritos y atendemos los casos que se nos presentan de forma espontánea a través de las redes sociales, prensa o el boca a boca.

JMF: ¿Qué quieres decir con ‘retirada de tutela’?

CGdC: Separar a un hijo de su madre, así de claro. Perder la tutela de tu hijo, que te lo arrancan de los brazos policías que acuden al domicilio como si de una terrorista se tratara en cuanto se entra en servicios sociales en busca de ayuda o bien intervienen con denuncian falsas extendiendo a su vez informes falsos y manipulados con la única intención de que se queden sin hijos.

JMF: Eso será a través de un juez ¿no?

CGdC: No. Ese es el quid de la cuestión. No interviene un juez. Son funcionarios de los servicios sociales quienes deciden a través de sus informes, no interviene un juez. ¿Alguien puede imaginar esta salvajada en plena democracia? Pues así es.

JMF: Yo no me la imagino. ¿Me estas diciendo que los bebes robados de otras épocas mediante engaño, ahora, en pleno siglo XXI, se puede ‘quitar’ sin trampas legalmente?

CGdC: Efectivamente, tal cual lo has expuesto. Asistimos a la prolongación de un delito legalizado.

JMF: ¿Puedes explicarme brevemente como funciona el proceso?

CGdC: Se puede activar de muchas formas. Empieza a ser visible con el inicio de la crisis económica, cuando se acude a pedir ayuda a servicios sociales. Se abre un protocolo de actuación en el que las familias son sometidas a un proceso de humillación flagrante, es un strip-tease psíquico, moral y social. Entran en sus casas, abren armarios, neveras…, preguntan cuantos hijos tienes y si son del mismo padre, si eres vegetariana o vegana…; no se aceptan formas de vida alternativas ni otras formas de estar en el mundo que las «establecidas», te puede denunciar un vecino, convirtiendo un altercado doméstico en la retirada de los hijos, puesto que funciona la delación.

JMF: Me dices que hay un investigación por parte de servicios sociales, ¿y?

CGdC: A partir de ahí, cada caso pasa por muchas manos, aumentando una situación de necesidad que convierten en «desamparo» , los niños son un negocio. Se paga mensualmente de 3 mil a 9 mil € mensuales por niño tutelado, pero también existe un trasfondo moral que se impone. Por otro lado, las familias de acogida cobran una media de 500 € mes, ¿por qué no se da esa ayuda a la familia biológica para que salga adelante? Los centros de menores están privatizados, son un negocio redondo, con esas cantidades mensuales, algunos centros dan comida caducada y ropa de segunda mano. ONG que cobran subvenciones, centros…. ¿Dónde va a parar todo ese dinero? Estamos ante la criminalización de la pobreza.

JMF: No corras, ¿quién decide que unos padres no pueden cuidar a sus hijos?

CGdC: Los servicios sociales, sus técnicos, funcionarios, etc. que elaboran y extienden informes falsos y manipulados con la única intención de tener hijos del Estado a tres mil € mensuales. Después, las familias serán sometidas a un plan de trabajo demoledor. Si hay quien se suicida porque no puede pagar la hipoteca y se queda sin casa ¿cómo se supone que se queda una madre a la que separan de su hijo? Es un proceso salomónico inhumano y desnaturalizador en el que las familias se destrozan y el daño causado a los niños es irreparable. Con suerte, les podrán ver una vez por semana en Puntos de Encuentro, lugares gélidos institucionalizados donde verás a tus hijos ante una persona extraña que te indica que no le abraces, que no le digas tanto que le quieres, que no le digas que volverá a casa pronto porque no es verdad…,   no pueden fotografiar libremente a sus hijos y, como se rebelen, se suspenden las visitas.

JMF: Ni juez, ni fiscal, ni abogado… eso suena muy mal…

CGdC: No interviene un juez, como he dicho antes. Los trabajadores sociales afirman estar sobradamente formados y preparados como para ejercer semejantes funciones, ellos deciden, son intocables. Se les puede denunciar, pero siempre ganan, son el poder. Las familias se arruinan pagando abogados, que -dicho sea de paso-, existen muy pocos especializados al respecto.

JMF: Desde tu asociación, ¿habéis denunciado ese comportamiento más que totalitario y sin garantías judiciales?

CGdC: Denuncié públicamente en el Senado la situación real en Mayo de 2017, lo he hecho también en mi último libro «El desmadre de los servicios sociales», lo dije también en la OSCE Conferencia Internacional Europea de los Derechos Humanos en Varsovia (Polonia). He sido denunciada por decir la verdad y actualmente me encuentro pendiente de juicio. La libertad de expresión no existe.

JMF: ¿Son casos muy aislados? ¿Tienes estadísticas?

CGdC: No son casos aislados. Orientativamente podemos hablar de 50 mil retiradas anuales de tutela. No son transparentes, no se publican las cifras. Los centros de menores están llenos, a rebosar, y se piden familias de acogida de forma pública disfrazados de un «buenismo» en nombre de la infancia que encierra un sistema de regresión al pasado. Por otro lado, hay que hablar también de «arrancamientos judiciales» en cuanto se denuncian malos tratos o abusos sexuales. Las madres son cuestionadas, se les aplica un falso síndrome llamado SAP (Alienación Parental) y se ven obligadas a entregar a sus hijos al maltratador o abusador en un Juzgado. En esos casos sí interviene un juez puesto que anteriormente la madre ha denunciado, y se inicia un periplo judicial vejatorio en extremo, para quedarse sin hijos.

JMF: ¿Sabes si en la UE funciona parecido?

CGdC: Sí. Tenemos casos en Alemania y Austria de niños secuestrados por el Jugendamt hijos de españoles que han emigrado en busca de una oportunidad. Jugendamt actúa exactamente igual. Es un sistema europeo. Noruega tiene las cifras más altas de retirada de tutela.

JMF: Tu nombre se asocia a Margarita Robles, ¿qué tienes con ella?

CGdC: Caso Clínica Dexeus, 1987, servicios sociales. Clara Reinoso era una menor tutelada que dio a luz a los 14 años en una clínica de lujo. Le  dijeron que había tenido un varón muerto. 27 años después, apareció su hija, una niña, que la encontró. Quien deshace el desamparo de la madre, Clara, es Margarita Robles, entonces jueza decana del Tribunal de Menores. Su firma en varios documentos supone que la menor quedara sola, en la calle, desamparada, con 16 puntos de sutura y una hemorragia posparto no atendida. Abandono puro y duro tras robarle a su hija.

JMF: Y, ¿Qué ha pasado con esto?

CGdC: Se han archivado las causas penales. Asistí al juicio civil por filiación, resulta que una menor no tenía derecho ninguno sobre su propia hija, no podía ser madre porque no tenía dinero. Algo tan sumamente injusto como dantesco.

JMF: Me dejas más que alucinado, que también, escandalizado, lo de los servicios sociales y las tutelas me resulta de novela negra. Gracias Consuelo y un beso.

CGdC: Gracias a ti. Decir, si me lo permites, que mantengo esta lucha porque pasé por dos reformatorios franquistas.

JMF: Te permito todo, la verdad tiene prioridad para mi.

CGdC: Las mismas congregaciones religiosas del pasado actúan y gestionan los centros de menores actuales.

JMF: Un beso y mil gracias por tu lucha.

CGdC: un abrazo y muchas gracias.