Conversación tranquila de @jmfrancas con Celia Cánovas Essard (@CanovasCelia). Abogada y ex senadora de Podemos por Cataluña.

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JMF: Tú que eres fundamentalmente abogada inmobiliaria, ¿qué haces llevando un caso de tutelas?

CCE: A veces, me dejo llevar por la ternura que me producen casos como estos y me sublevo contra la injusticia.

JMF: ¿Qué injusticia?

CCE: En el caso que defiendo, llevo a una madre a la que los servicios sociales de Cantabria le arrebataron sin justificación alguna a sus hijos, de 4 y 7 años, hace más de dos años, y no permite no tener ningún tipo de contacto con ellos. La madre no sabe ni a qué colegio van, si están bien, si han sido vacunados, etc.. ¿No hay mayor injusticia que el Estado tenga ese poder tan enorme sobre la vida de una familia, sin NINGUN CONTROL JUDICIAL?

JMF: ¿No se los quitó un juez?

CCE: En España te pueden quitar la tutela de tus hijos sin que lo diga un juez. Es el Juez, en la fase inicial del proceso, basándose solo en unos informes hechos por personas sin apenas titulación, lo que hace es autorizar a que los servicios sociales se lleven de su domicilio a los niños. Después, cuando la administración quiere, dicta una Resolución, que es notificada a los padres, y es cuando estos pueden recurrir a los Tribunales. Pero en la mayoría de los casos, esos padres están aterrorizados, traumatizados y sin recursos y apenas son conocedores de los derechos que tienen. Así que muchas veces no acuden a la justicia a tiempo.

JMF: Pero la primera actuación de los servicios sociales, ¿parte de un juez?

CCE: Noo, para nada, parte de los mismos Servicios Sociales, quienes son informados de sus posibles víctimas a través de los Centros de Salud, Colegios, Urgencias, familiares. Entonces se mueve toda la maquinaria administrativa y los padres se encuentran que un dia se levantan y tienen en la puerta a la policía y un montón de gente para llevarse a sus hijos.

JMF: me has dicho antes esto: «Es el Juez, en la fase inicial del proceso, basándose solo en unos informes hechos por personas sin apenas titulación, lo que hace es autorizar a que los servicios sociales se lleven de su domicilio a los niños». Entonces sí actúa un juez…

CCE: Autorizan una entrada y registro en la casa donde viven los menores, para que puedan llevárselos, por si los padres no abren la puerta. ¿En qué se basan? Pues solo en Informes que intentan poner de relieve el gravísimo peligro que corren esos niños de seguir con sus padres. ¿Quién hace estos informes? Funcionarios la mayoría sin titulación, que ni siquiera vienen identificados con nombres y apellidos, sino que solo podemos ver Técnico nº …., es decir, se identifican con números, lo que hace complicadísimo que podamos saber su identidad y si han incurrido en algún tipo de incompatibilidad. Ningún partido político ha movido un dedo para ayudar a esta gente.

JMF: ¿No te puedes negar a que se lleven a tus niños?

CCE: Te pueden detener por desobediencia a la autoridad. Parece un chiste, pero es la verdad. Te dicen: «Ya nos pondremos en contacto con Vdes.». Los padres por miedo a ser represaliados, son dóciles e intentan someterse a las reglas que les marcan, hasta que llega un momento en que se dan cuenta de que, de seguir así, no recuperarán a sus hijos. Hay varias asociaciones de padres que intentan poner de manifiesto este gravísimo problema, pero nadie los quiere oír.

JMF: Se llevan a los hijos, ¿qué ocurre después?

CCE: Los niños pasan a centros tutelados, que son privados, pero se subvencionan con dinero público. Y de ahí, pueden pasar a familias de acogida e incluso ser adoptados. En esos centros es donde ocurren los abusos.

JMF: ¿Cuándo interviene el juez?

CCE: La decisión puede tardar unos 3-4 o 5 años. Los niños, mientras tanto, ya han sufrido barbaridades, y sobre todo, han perdido el apego o arraigo familiar.

JMF:¿ Y ya han sido ‘adjudicados’ antes de esa decisión judicial?

CCE: En muchos casos sí. Entonces ya es casi imposible recuperarlos. Si retrasamos la intervención judicial lo máximo, y si encima, la justicia es tan lenta, pues los niños incluso alcanzan la mayoría de edad lejos de sus padres, y no quiero ni pensar lo que pueden haber pasado.

JMF: Si todo esto es de ‘acuerdo a la legislación’, ¿cómo se mantienen una leyes así?

CCE: No entiendo cómo es posible que se mantengan estas legislaciones totalmente inconstitucionales y contrarias a la Carta de Derechos del Niño, piensa que están traspasadas las competencias a todas las comunidades autónomas, de todos los colores políticos, y todas tienen una legislación casi idéntica y no he oido a nadie que quiera cambiarla. Imagino que es cuestión sobre todo de dinero y de los chiringuitos que se montan alrededor de todo este drama. Por cada niño tutelado, el centro puede llega a cobrar 9 mil euros al mes. Imagina el interés que tienen en captar niños, cuantos más, más dinero. El dinero lo corrompe todo. Y la corrupción en España no respeta ni a los niños.

JMF: Con 9.000 euros mes se pueden hacer maravillas, ¿se hacen?

CCE: Pues cómo que no veo a ningún niño tutelado vestido de marca y con profesores particulares, ni siquiera con habitaciones ni baños privados. Podremos imaginar que el excedente de gasto no se queda en el centro.

JMF: Y quizás antes de llegar al centro ya haya servido para engrasar el procedimiento…

CCE: Hay casos y casos, pero lo primero que dice la Ley que hay que evitar es sacar al niño de su entorno familiar y eso es precisamente lo que hacen primero en el 99% de los casos. El procedimiento ya está muy engrasada desde hace muchos años.

JMF: ¿Sabes cuántos casos hay en España?

CCE: No lo sé pero muchos miles, eso sí. Lo suficiente para que nos preocupemos.

JMF: He oido desde 40.000 a 60.000…

CCE: Sí, incluso 100 mil. Como se tapa tanto, es muy complicado saber.

JMF: ¿Vas conociendo casos similares al que tu llevas?

CCE: Si, todos el mismo patrón. Me repiten todos la misma historia y no hablo de familias marginales.

JMF: Y estas familias, ¿no se resisten como gato panza arriba con todos los medios y, si son pudientes, más?

CCE: No son pudientes, son gente corriente, con mucho miedo. Muchos piden justicia gratuita, pero les asignan abogados que no saben y no tienen experiencia. Para llevar casos de estos, hay que saberse manejar muy bien en los procedimientos judiciales. Otros buscan abogados, que cobran y no saben, y muchos ni van a un abogado. He visto de todo. Creo que los medios de comunicación deben sacar esto a la luz.

JMF: ¿Qué puede conseguir un buen abogado y cuándo debe actuar?

CCE: Pues un abogado debe recurrir todas las resoluciones, interponer denuncias ante la fiscalía de menores, debe pedir pruebas psicológicas de los padres, y todo esto lógicamente no es gratis. Por eso me gustaría mucho poder crear una red de abogados en toda España que ayude a estas familias, además de psicólogos y psiquiatras. Dando publicidad a lo que pasa, podremos lograr concienciar a mucha gente que ni sabe que esto se da en la actualidad.

JMF: Mil gracias Celia, ojalá se conciencie pronto mucha gente y se pueda revertir la situación ,hay miles y miles de afectados y no solo en España. Un beso y seguimos en contacto.

CCE: Un abrazo y gracias por dejarme hablar de esto. Para mí es muy importante.