Me dice Pedro Aparicio, Ingeniero de Caminos

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LA SALIDA ECONÓMICA DE LA CRISIS. EL SISTEMA DE IRENE MONTERO.

Lo reconozco sin ambages: no puedo con el personaje. No soporto la desfachatez con la que profiere embuste tras embuste, como ese último según el cual España, aunque bate récords de contagiados y difuntos es el país que hace más test a la población. ¿Cabe mayor desvergüenza? Aquí los únicos que disponen de pruebas a voluntad son los miembros del Ejecutivo y sus familias, mientras los demás únicamente accedemos a tal privilegio en caso de extrema gravedad. Pero Sánchez lo afirma sin despeinarse. Ahora estamos en la fase de paso de la «0» a la «1», sin ver por ningún lado los test masivos para que los empresarios sepan que los trabajadores que se reincorporan, estén libres del Covid-19 o ya lo hayan superado y no sean transmisores; porque si un trabajador demuestra que se contagia en el trabajo, ya puede prepararse el empresario canalla; pues caerán sobre el todos los costes e indemnizaciones como si se tratara de un accidente laboral. Al canalla, la ministra le ha parado los pies prohibiendo los despidos en 2020, so pena de devolver las ayudas y ser castigado con el fuego del estado.

Que estamos en cabeza en el número de test, es una boutade y no pasamos del puesto 17º. Es la última pero no es la única mentira o desinformación producida por este gobierno ineficaz sin profesionalidad ni experiencia ajena al cariz político. La penúltima se produce por la información orgullosa de la ministra Yolanda Díaz de que el SEPE ha pagado las prestaciones a 5.2 millones de perceptores. Pues bien, con los datos ofrecidos por el número dos del ministerio, surge una duda: si hay 3,83 millones de parados, y cuatro millones de afectados por ERTE, según ha dicho el presidente del Gobierno, es decir un total de cerca de 7,8 millones de desempleados, y se han pagado 5,2 millones de prestaciones… ¿qué pasa con los 2,6 millones de desempleados que no cobran prestación?, Tampoco veo la cifra en la que se recogen a los okupas y vagabundos con o sin techo que ahora podrán empadronarse dando como dirección los bajos de un puente y así cobrar la renta vital. Todo esto hay que llevarlo a Europa junto con la pérdida de cosechas por falta de temporeros para recogerlas. ¿Entendería alguien que Alemania y Holanda se nieguen a pagar esa desfachatez?, no digamos a fondo perdido.

Contumaz en su deseo de culpar a los demás de no atender sus sueños y deseos, el ¿fumado? del presidente Sánchez busca un Fondo de Reconstrucción, nuevo Plan Marshall, que pasa por crear un fondo de hasta 1,5 billones de euros  financiado con deuda perpetua y adicional al presupuesto de la UE. Evidentemente España necesitará una inyección del entorno de los 350.000 millones para compensar la caída del 12% del PIB que será un suelo razonable para este ejercicio y un paro por encima del 20%, además de tener que renovar más de 200.000 millones de deuda pública a un 1% por encima del coste de colocación de hace un año. Sin olvidar que las cifras del déficit del cierre del año pasado se están revisando al alza porque Bruselas no se las traga y vamos por encima de los 27.000 millones. Con tanta ida y venida de las cuentas, la fiabilidad de Sanchez está en mínimos, por lo que tenemos el peor equipo para el peor momento; cuando toda Europa estará en recesión y por tanto nuestro comercio exterior se resentirá así como el consumo interno, con una demanda de capa caída y con un paro aterrador. La tormenta perfecta.

No en vano entre parados, beneficiarios de ERTES, pensionistas, funcionarios y otros grupos (okupas, inmigrantes sin papeles,…) no productivos, el Erario Público ha de mantener a más del 50% de la población activa. Vamos que 20 millones cobraran sin trabajar de los escasos 19 millones productivos, que incrementada en la economía sumergida menos los nuevos parados, nos llevaran al empate. Por si teníamos alguna duda, el PSOE y sus aliados de la izquierda conformaron ayer la «Comisión para la reconstrucción social y económica de España tras la Covid-19» sin detallar un solo objetivo claro. Bueno, sí, uno: que Pedro Sánchez salga indemne de la crisis.

Pero albricias, no hay que preocuparse pues la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras superar la cuarentena, propone una salida antifascista de la crisis; afirmando sin vergüenza alguna que su modelo para salir de esta situación económica, provocada por la epidemia, es la Argentina que acaba de reconocer que no puede pagar nada de su deuda. ¡Pues ya sabemos por dónde vienen los tiros!. No es una propuesta novedosa, viniendo de dónde viene pues ya la escuchamos a la llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid, en boca de su concejal de economía Carlos Sanchez Matos. Adda Colau también era partidaria de pagar aquellas deudas que ella estimase que eran justas. Con este sistema nuestra deuda que alcanzará 1,2 billones de euros, el 113% de nuestro PIB, podríamos reducirla a nuestro antojo hasta un 60%, similar al que tienen Holanda y Alemania. Una reducción de medio billón, que haría innecesario que no tuviesen que prestar con condiciones e intervenir. Enfrentarse a la UE no les fue bien a los podemitas helenos ni a sus ciudadanos. Como el 48% de nuestra deuda está en manos de inversores extranjeros, seguiríamos manteniendo la del BCE, Banco de España y banca privada española. Solo se rechazaría la de los fondos buitres y la de los especuladores abusones.

Por si la jugada no sale bien y la UE interviene y fuerza un gobierno PP-PSOE, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero está emplazando a los chiringuitos feministas afines a que nada más termine el estado de alarma por el coronavirus soliciten a las distintas Administraciones una prórroga de las subvenciones recibidas para así poder acometer las actividades canceladas en estas semanas. Instruye de este modo a sus chiringuitos a hacer caja y preparase un futuro para seguir viviendo del dinero público. Recordemos los consejos de Iñigo Errejón para hacer caja cuando están en el poder como fondo para cuando lo pierdan. Cajas de resistencia. Todo está inventado.

Me dice Ángel Alcázar, industrial retirado

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Totalmente de acuerdo con María Castellano Arroyo. Ayer tuve que salir a la calle, después de meses de confinamiento y encuentro que al menos el 50% de las personas van sin mascarilla y guantes prácticamente los llevan un 20% a lo sumo. Cuando oigo decir a algún político, casi todos, que el pueblo español es admirable por su disciplina, me quedo asombrado. ¿Es que estos señores no salen a la calle? ¿Acaso es políticamente incorrecto decir la verdad, al menos en este caso? Somos un pueblo que si no es por obligación no hace caso de las recomendaciones. ¿Qué estamos esperando para sacar una norma que obligue a todos los ciudadanos, que salgan a la calle, por el bien de todos, a llevar mascarilla puesta?  ¿Cómo es posible que tanto cretino no se dé cuenta de la terrible realidad?

Lo que a continuación escribo no es mío, lo he recibido de otra persona que me lo ha mandado por WhatsApp, pero es totalmente cierto hasta en sus menores detalles, es más se queda corto, podía haber añadido que en algún caso los pulmones quedan tan dañados que es preciso hacer trasplantes. 

‘Copio y pego’ el esclarecedor escrito que he recibido, real en todas sus manifestaciones:

“Todavía después de tantos fallecimientos, la gente no se toma en serio esto que por desgracia nos está pasando. A ver si explicándoselo de esta manera lo entienden de una vez. Se habla de reanimación o ventilación pero mucha gente no sabe de lo que en verdad se trata. No se trata de una máscara de oxígeno puesta en la boca mientras usted disfruta acostado pensando en su vida. La ventilación invasiva para el COVIC 19 (intubación que se hace bajo anestesia general) consiste en quedarse 2 a 3 semanas sin moverse, muchas veces boca abajo (decúbito prono) con un tubo en la boca hasta la tráquea y que le permite respirar al ritmo de la máquina a la que está conectado. Usted no puede hablar ni comer ni hacer nada de forma natural. La molestia y el dolor que siente necesitan de la administración de sedantes y analgésicos para asegurar la tolerancia al tubo. Durante el tiempo que el paciente necesite la máquina para respirar todo esto mediante un coma artificial. En 20 días de este tratamiento en un paciente joven, la pérdida de masa muscular es del 40% y la reeducación será de 6 a 12 meses, asociado a traumatismo de la boca o de las cuerdas vocales. Es por esta razón que las personas ancianas o ya frágiles no aguantan. Si llegaste hasta aquí, te agradecería compartieses para que entre todos tomemos en serio esto, ahora que se está volviendo a salir… que sigan por favor las indicaciones y se lo tomen más en serio”.

Gracias Mariángeles Vigil Hurtado por pasármelo y poder seguir haciéndolo público.

Me dice Eloi Castellarnau, socio director de Castellarnau Abogados Penalistas

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RESPONSABILIDAD PENAL EN Y DE LAS RESIDENCIAS

Papiros, pergaminos, vademécums, obras, denuncias, investigaciones de la fiscalía y hasta tratados corren por doquier sobre la posible responsabilidad penal en y de las residencias de personas mayores. Y ello por cuanto se advierte una suerte de morbosidad profiláctica a la par que se enciende el hooliganismo partidista que cada ser lleva dentro, cuando se trata de la cuestión. Se está entronizando una situación, que debería pedir calma y sosiego, en una cruzada para ver quién es más responsable y a quién podemos y debemos pedirle una pena de prisión más elevada 

Ahora bien, extramuros de esta aquelarre peticionaria, ¿qué hay de cierto y de sustantivo en cuanto a la responsabilidad penal por las muertes de las personas internas en residencias de ancianos? 

En primer lugar debería hacerse hincapié en que hay una posible doble responsabilidad y una dualidad de situaciones que nos proyectará sobre dos posibles responsables (como así está sucediendo): la posible responsabilidad en las residencias, producto de falta de material, falta de suministros, fármacos, utensilios, etc. que no dependan expresamente de las mismas, cuya responsabilidad deberá atribuirse a la administración, autoridad o funcionario público al que se le solicitó el suministro (y por extensión al superior jerárquico del que dependiera la efectiva distribución de los mismos). En este caso hablamos de posibles fallecidos a causa de que el material sanitario, a pesar de haberse solicitado no llegó a su fin (art. 412.3 Código Penal). 

La segunda responsabilidad es de la residencia en sí. En este segundo supuesto dependerá de la efectiva gestión de la residencia y de si en la misma se adoptaron protocolos adecuados, cómo se gestionaron los pacientes, bajo qué controles médicos, etc. Los responsables son directamente las personas que tenga el mando, que hayan tomado decisiones y las hayan ejecutado en el sí de la residencia provocando, si fuera el caso, el fallecimiento o bien por una mala praxis en el tratamiento de la enfermedad o bien en una selección de los residentes a quienes tratar en función de parámetros que pueden ir desde la longevidad, afectación de la enfermedad, posibles secuelas, otras enfermedades concomitantes, etc. (art 196 Código Penal).

Cómo podrá observarse, el mapa de situaciones concretas que pueden darse es casi infinito. Pero en todo caso lo que deberá tenerse siempre en cuenta es que, el derecho penal sólo actuará y se depuraran responsabilidades en los casos más graves, dónde aquellas personas que tenían el “dominio del hecho” sobre la situación operaron de manera manifiestamente negligente, y por negligencia no me refiero a un frenético y colérico sentimiento de injusticia y de desamparo (muchas veces legítimo), sino que habrá que estudiar de manera concreta las actuaciones de los sujetos implicados. Y se va a requerir, que se objetive esa negligencia y que además sea consecuencia directa de la muerte. No podemos orillar que el bien jurídico que se protege es la vida, principio y fin del ser humano, y que para acabar imputando una muerte, deberá probarse la causalidad de mi conducta directamente atribuida al traspaso de la persona en cuestión. Así, algunas investigaciones iniciadas por el Ministerio Fiscal ya han sido sobreseídas, por falta, precisamente de actuación directamente atribuible a la muerte. Otra cuestión será la responsabilidad a nivel administrativo (para entes públicos) o civil (para entes privados), cuyas exigencias (sin ser despreciables) son más relativas en cuanto a la exigencia de responsabilidad por negligencias. Sea como fuere, estamos al principio de un camino, cuyo fin es ahora, inalcanzable a simple vista. 

Me dice María Castellano Arroyo, catedrática de Medicina Legal y Forense

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Unos vídeos de mi amiga la Dra. Teresa Calvo, en Internet, en los que enseña cómo hacer mascarillas y solicita encarecidamente su uso, junto a los guantes, me ha llevado a haceros llegar estas reflexiones.

Estoy indignada por la omisión de los que nos gobiernan y tienen el deber de protegernos, en este momento, en la lucha contra esta pandemia que sigue siendo una gran amenaza. Seguir combatiéndola y potenciar las medidas de prevención de nuevos contagios, es fundamental. Me refiero en concreto al hecho de que no sea obligatorio el uso de mascarillas y guantes para salir del domicilio. Sales a la calle, y más de la mitad de las personas que circulan lo hacen sin ninguna protección. Esto no se puede tolerar; se ponen ellos en peligro, pero ponen en peligro a los demás. Todos los organismos, instituciones y particulares con capacidad de influencia y de difusión, tienen ahora,  el deber de proclamar este mensaje. Vamos a entrar, de forma precipitada, en la Fase 1, que permitirá más gente en la calle, más establecimientos abiertos y mucho más contacto entre las personas. ESA SITUACIÓN ES DE ALTO RIESGO. Como dicen los sanitarios «No estamos saliendo DE la pandemia, estamos saliendo CON la pandemia».

Pensemos en quienes han hecho el mayor esfuerzo y sacrificio en esta lucha: los profesionales sanitarios. Más de 43.956 profesionales sanitarios se han infectado; de ellos: 4.835 han necesitado ingreso hospitalario; 570 han ingresado en UCI de los que 470 han necesitado ventilación mecánica y más de 50 han fallecido (estas cifras ya se han quedado obsoletas). Pues bien, los profesionales que no han caído, o que se han incorporado (débiles) tras recuperarse, están agotados física y emocionalmente; se enfrentan a una acumulación de pacientes en las consultas, revisiones, pruebas diagnósticas o cirugías. Imaginad que hubiera un repunte de los contagios. OS ASEGURO QUE LA SANIDAD SE HUNDIRÍA. Y volviendo al inicio: todos estamos comprometidos en una campaña de prevención mediante el uso de mascarillas y guantes. SI LOS POLÍTICOS NO LO HAN CONVERTIDO EN UNA OBLIGACIÓN LEGAL, PENSEMOS QUE PARA TODOS ES UN DEBER MORAL. 

Me dice Pol Victoria, de la Escuela Austriaca de Economía y autor de ‘El Manifiesto Austrolibertario’

Me preguntan, como economista que soy, cuál es la política económica que yo recomendaría para España, un país que se está hundiendo en la pobreza de manera acelerada desde la gestión política de la crisis del Coronavirus. Y no es el único en esta situación. Me podrían preguntar lo mismo sobre la gran mayoría de países del mundo hoy día.

Pero yo soy austriaco, esto es, de la Escuela Austriaca de Economía, y para nosotros este tema es muy sencillo, tan sencillo que ningún político lo quiere aplicar. Pues, de aplicarse, ¿qué función le quedaría al político?, cómo justificaría su sueldo?, ¿su mera existencia? El político tiene que hacer políticas monetarias, políticas fiscales, políticas económicas, creer que está él a cargo del manejo del bienestar de la población, y así es como justifica su sueldo y su puesto. Hacer creer a la gente que él es necesario para el pueblo.

Casi nadie se da cuenta que quitarlo del sueldo y del puesto es la única política que necesita tu país. Eliminar todo control sobre la economía, toda burocracia y legislación. Quitar todo ordenamiento y regulación. Dejar a la gente libre, dejar a la gente en paz.

Una sociedad que se auto-ordena es una sociedad próspera en tiempos normales. Y cuando vienen tiempos duros que atacan la prosperidad, es una sociedad que sabe reaccionar más rápido y más eficientemente que aquella dirigida por el político. Es el individuo, es la familia, es la asociación, es la empresa, es la comunidad, la que se ajusta a las nuevas circunstancias y creativamente produce soluciones a la crisis económica, o a la crisis pandémica o sanitaria. Es la libre interacción entre las personas y entre las instituciones naturales la que produce las mejores respuestas, esas que no sabe producir el Estado desde su centralismo, desde sus alturas, desde su distanciamiento e ignorancia de la realidad real que vive el pueblo allá abajo.

¿Mi recomendación como economista austriaco? Liberen al pueblo de sus cadenas. Eliminen las políticas económicas desde el Estado. Que la política económica sea «la no existencia de política económica». Dejen a la gente auto-organizarse de forma creativa, natural y espontánea, y entonces tanto la crisis de salud cómo la crisis económica tendrán un mejor remedio para todos.

Me dice Leopoldo Gonzalo y González, catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, Miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes

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SANIDAD Y ESTADO AUTONÓMICO

En 2011, y en la Sección Española de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo, publicamos el Libro Blanco sobre el Sistema Sanitario Español. Partimos para nuestro estudio de la previa aclaración de los fundamentales conceptos de sanidad y salud, así como de los aspectos institucionales que en España se relacionan con tan importante sector social, pues, en efecto, buena parte de la actual problemática en esta materia procede de la falta de claridad acerca de tales conceptos. 

Cuando en Economía hablamos de bienes nos referimos al conjunto de actividades u objetos adecuados para la satisfacción de necesidades humanas –individuales y colectivas-, distinguiendo entre dos categorías polares: la de los bienes privados puros, que ofrecen como característica fundamental la “rivalidad” en su consumo (el bien que yo consumo y pago no lo consume otro); y la de los bienes públicos puros, respecto de los cuales no se da tal rivalidad, pues la cantidad que yo consumo de los mismos no disminuye la cantidad disponible para los demás. Cualquier bien apto para la alimentación humana es ejemplo de la primera clase de bienes; la defensa nacional es ejemplo de libro respecto de la segunda. Esto lleva a la dicotomía precios-impuestos como medios de financiación alternativos para la respectiva producción de ambas clases de bienes. 

Pero entre las dos categorías mencionadas existe otra que ofrece características de ambas: la de los bienes llamados de mérito, que R.A. Musgrave relaciona con las denominadas necesidades preferentes. Se trata de bienes tales como la educación y la misma sanidad. Su producción genera, a un tiempo, beneficios individuales y divisibles, y beneficios sociales indivisibles. La administración de una vacuna antigripal a una persona beneficia a esta individualmente, porque la protege del riesgo de contraer la enfermedad, pero desde el momento en que esa persona se convierta en no transmisora de la enfermedad, beneficia de forma indivisible a las personas de su entorno, y éstas a las del suyo propio, y éstas… Una vacuna eficaz es, pues, instrumento idóneo para combatir la difusión de una epidemia. De ahí el interés personal y colectivo por una sanidad pública, sin perjuicio de otra privada. Ambas reman en la misma dirección. Lástima que no contemos todavía con la vacuna que pueda ser eficaz contra el covid-19.

El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho de los españoles a la protección de su salud, atribuyendo a los poderes públicos la organización y tutela de las medidas preventivas y de los servicios necesarios para ello. Pero ¿Qué es propiamente la salud? La OMS la define como el “[…] estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de dolencia o enfermedad”, entendiendo por enfermedad: “[…] el proceso de deterioro de la salud, temporal o permanente, que puede llegar a conducir a la muerte”. Queda así abierto un amplísimo campo a la medicina para combatir la enfermedad y conservar la salud de los ciudadanos, de muy costosa cobertura. Máxime si se han de cumplir los imperativos constitucionales de igualdad y universalidad. Las medicinas preventiva, curativa, paliativa, genómica, regenerativa, del deseo, etc., entre las que hoy cabe distinguir, ¿pueden ser todas asumidas por un sistema público de salud? Mas esta es otra cuestión.

Una última precisión. La teoría de los bienes públicos distingue también entre aquellos que proyectan sus beneficios sobre la totalidad del espacio nacional y aquellos otros que lo hacen sólo sobre una parte del mismo. Distingue así entre bienes públicos nacionales y locales. El alumbrado de un municipio es un bien local; la sanidad -lo estamos viendo- es un bien nacional. Tener claros estos conceptos es condición necesaria para el adecuado deslinde de competencias públicas en el ámbito espacial. 

La Sanidad española ha merecido siempre una alta calificación. La veterana revista médica británica “Lancet”, en un estudio realizado en 2017 sobre la “calidad y accesibilidad” sanitaria en 195 países, la situó en el octavo lugar del ranking, con 90 puntos, los mismos que Suecia, Austria, Noruega y Finlandia. Sin embargo, su evidente incapacidad para afrontar la actual pandemia, no es sólo consecuencia de la imprevisibilidad y vertiginosa propagación de la misma, sino de su actual estructura organizativa, producto de su descentralización a favor de las diecisiete comunidades autónomas que disfrutamos y contraria a la propia naturaleza de la sanidad como bien de mérito nacional. En un Estado unitario, la desconcentración de sus funciones supone su transferencia interorgánica en sentido descendente, pero dentro de la misma persona jurídica del Estado, que conserva su poder de decisión y coordinación, al contrario que la descentralización, consistente en una transferencia competencial intersubjetiva y, por tanto, entre personas jurídicas diferentes. Quienes hemos trabajado en las administraciones educativa o sanitaria antes del experimento del sistema (¿?) autonómico, sabemos de la eficiencia de las tradicionales delegaciones provinciales que, con diversa denominación, funcionaron en España desde 1833, y aún antes. Claro que un sistema centralizado eficiente presupone, en todo caso, un gobierno central cualificado y capaz. Algo con lo que, por desgracia, no contamos hoy.

Son numerosas las distorsiones de nuestro fragmentario y aparatoso sistema sanitario. Según cada comunidad autónoma, la cartera de servicios puede diferir, lo que reviste especial gravedad en relación con los tratamientos costosos y suele llevar a los pacientes a empadronarse en comunidades distintas a la de su residencia habitual. Los efectos frontera están a la orden del día. No hace mucho, desde Aragón Oriental, se pedía al Gobierno del Estado que su población pudiera ser atendida en Lérida, pues por desavenencias políticas en la Franja eran necesarias “seis horas de coche para recibir tratamientos radiológicos”. Número de camas hospitalarias, aparatos de tomografía axial computerizada o resonancia magnética, dotación de personal sanitario por 100.000 habitantes, y ¡hasta calendarios de vacunación! difieren de unas comunidades a otras. El caso del Condado de Treviño, adscrito administrativamente a la Provincia de Burgos a pesar de su inserción geográfica en la provincia de Álava, es conocido: en 2012, falleció una pequeña de tres años por la negativa del Servicio Vasco de Salud a atenderla de urgencia domiciliaria, a pesar de su mayor proximidad al domicilio respecto del Servicio de Castilla-León.

En cuanto a las ventajas de la recentralización de la Sanidad, las mismas son contundentes: mejora de la eficiencia y un más fiel cumplimiento de los principios de igualdad y universalidad. No en vano la Organización Médica Colegial puso de manifiesto, en 2011, que el 70% de los españoles deseaba que las competencias en materia sanitaria volvieran al Estado, por exigirlo así la equidad, la mejora de su gestión y la reducción de su elevado coste. Es de señalar a este respecto el modélico funcionamiento de la Organización Nacional de Trasplantes, precisamente por eso, por su carácter y organización nacionales. El Reginals Authority Index elaborado por la Universidad de Oxford señala que, después de la República Federal de Alemania, España es el segundo país del mundo con más autoridad política transferida a sus gobiernos regionales. La pandemia que nos atenaza, unida a la culposa falta de previsión, la impericia y las manipulaciones políticas de un Gobierno a la deriva, han concluido por romper las costuras de nuestro sistema sanitario. De manera que, paradógicamente, cada comunidad autónoma se ha visto obligada a adoptar, en la medida de lo posible, sus propias estrategias, con el fin de soslayar la probada ineficacia de la Administración del Estado en relación con una materia que, aunque a ellas indebidamente transferida, había pretendido dirigir excepcionalmente el Gobierno. En suma, un auténtico pandemónium.

A la vista de cuanto antecede, cobra actualidad aquella rotunda afirmación de don Antonio Cánovas del Castillo: “la centralización es la civilización”. Ello sin perjuicio, naturalmente, de una adecuada desconcentración administrativa. Y también: siempre que el Gobierno de la Nación sea el idóneo para desempeñar un cometido literalmente vital.

Me dice David Hernández, presidente de POLITEIA (@Politeia_Cat) asociación de policías en Cataluña

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La situación generada por la pandemia del COVID 19 ha evidenciado todas las carencias y miserias del sistema de seguridad español. Tanto el público como el privado. Este último, literalmente, abandonado a su suerte en materia laboral, jurídica y legislativa. Las policías no han sido los únicos damnificados de la deficiente gestión política, los funcionarios de Prisiones, los militares, vigilancia aduanera, etcétera también lo han padecido. La infamia de catalogar a las policías como personal de bajo riesgo, aparte de un absurdo operativo, ha escenificado el grado de respeto político a los diferentes cuerpos policiales. No es de recibo que el sistema policial está obsoleto y que los principios de mérito y capacidad han sido progresivamente destruidos por la clase política pero las declaraciones, acciones y omisiones de algunas cúpulas policiales ha sido lamentables. Las cúpulas policiales están diseñadas en formato piramidal, de forma que sean fácilmente controlables colocando al mando policial adecuado para ellos o en su defecto generando cargos políticos superiores que limiten el margen de acción. Es un modelo policial basado en la defensa de los políticos y sus decisiones más que del marco normativo. los disidentes son represaliados con los omnipresentes expedientes administrativos disciplinarios sobre cuyo sesgo ideológico hay números ejemplos. Con estas premisas y la evidente incompetencia política saltan las dudas evidentes sobre si podría haberse evitado que hayan fallecido profesionales y muchos otros hayan sido contagiados o sometidos a cuarentena. Pero como suele pasar, las cúpulas policiales adictas al apesebramiento han callado sobre las faltas de material, etcétera y nos ha vuelto a salvar la profesionalidad de agentes y mandos que han arriesgado su salud para mantener el orden público. Cuando la pandemia cese y podamos ofrendar el legítimo homenaje a todos los compatriotas fallecidos habría que analizar profundamente el sistema. Es inaceptable que la estructura estatal, autonómica y local se mantenga en pie gracias a los diferentes cuerpos policiales, de prisiones, seguridad privada, militares, etcétera sumándole su notable aceptación popular y luego sean sistemáticamente maltratados a nivel laboral, económico, mediático, jurídico por culpa de las clases políticas dirigentes. Es necesario modificar el sistema hacia un modelo de gestión eficaz porque pueden existir otras pandemias que con el modelo actual nos volverían a coger en fuera de juego. Se necesita invertir más en presupuesto de Defensa, se necesita unificar criterios técnicos y operativos, se necesita una coordinación mínima de las policías locales sin olvidar a los vigilantes municipales (continuamente maltratados profesionalmente cuando asumen competencias superiores a diario), potenciar a nivel nacional a los reservistas militares, equiparar sueldos policiales de una santa vez, hacer caso a los servicios de inteligencia que están para prevenir lo que se avecina, potenciar las disminuidas plantillas de prisiones, dotar de seguridad jurídica a la seguridad privada. En resumen, modificar el sistema piramidal actual, que permite un poder político omnímodo al colocar en las cúspides a los perfiles adecuados, por uno más lineal que evite las cacicadas y obligue a coordinaciones que no dejarán margen a decisiones no operativas.

Ángel Rivero ‘Hay un discurso estatista que busca mayor control social’

Conversación tranquila de @jmfrancas con Ángel Rivero, profesor de Teoría política la UAM y participante en MIRADAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 del Club Tocqueville.

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JMF: ¿Qué nos espera después de la crisis sanitaria por el dichoso virus?

AR: No lo sabemos. Ahora parece que no estamos en un intermedio sino de camino a un mundo distinto con más control y menos libertad individual.

JMF: ¿Es legítimo eso?

AR: No lo es porque cambia radicalmente nuestro contrato social pero hay un miedo en la sociedad que la empuja a resignarse ante quien lo proponen en nombre de la seguridad.

JMF: Eso acaba muy mal, acaba en dictadura, totalitarismo…

AR: No sabemos si será así. Pero como dijo el clásico el poder se extiende hasta donde encuentra un freno. Esta deriva posible ha de frenarse.

JMF: ¿Cómo se frena?

AR: En primer lugar defendiendo las instituciones. Lo que haya de hacerse tiene que estar sujeto al control democrático. En segundo lugar en la opinión pública. Hay que refutar la idea de que los sistemas autoritarios proporcionan seguridad porque es falsa. Es todo lo contrario, proporcionan inseguridad, despotismo. Además hay que explicar que lo público es resultado de la concertación y no del gobierno vertical del Estado.

JMF: El Parlamento funciona a medio gas y ha estado paralizado, ¿mal presagio no?

AR: Justamente. Hemos visto cómo hay políticos que se han olvidado de las instituciones democráticas a la primera de cambio y que han pensado que son una formalidad molesta. Esta percepción era anterior a la pandemia y ha dado lugar a episodios lamentables los últimos años pero la diferencia es que ahora alcanza al gobierno de la nación.

JMF: Desde el poder se cambia fácilmente un régimen…

AR: No es tan fácil. Hace falta que la gente se corrompa antes y eso creo que no ha ocurrido.

JMF: O que tenga miedo y prime la seguridad… Desde el gobierno se insta a un clima de lo más navideño: compañerismo total, amor, aplausos y tal…

AR: El miedo es importante en un intento de cambio de régimen pero ese miedo es el del terrorismo. Por razones, varias nadie piensa que el gobierno ofrece seguridad frente a la pandemia y la crisis económica. Por tanto, no hay una oferta de seguridad distinta sobre la mesa, hay eso sí un discurso estatista que busca mayor control social.

JMF: Y que muchos aplauden con las orejas: más sanidad pública, más Estado, más control de la producción… Eso lo dice mucha gente sin pensar que ya está probado y trajo hambre y campos de concentración…

AR: Es verdad que hay mucha propaganda en ese sentido pero yo tengo la sensación de que cuando las cosas estén más tranquilas se verá que muchas empresas e individuos reaccionaron con rapidez y eficacia; en cambio, el intento centralizado de gestión de la crisis ha sido ineficaz y costoso.

JMF: Ángel, cuando un General de la Guardia Civil, el que más manda, habla abiertamente de controlar las críticas al Gobierno… miedo me da, ¿a ti no?

AR: Desde luego, da mucho miedo. También me lo dio otro general, creo que del aire, que dijo que estábamos en una guerra y que la primera virtud del soldado es la obediencia. No estamos en una guerra y los que critican al gobierno no son el enemigo. Y tampoco somos los soldados del gobierno ni nos toca obedecer y callar. Estamos en una democracia que enfrenta una pandemia y una crisis económica.

JMF: Democracia herida, cuanto menos…

AR: Desde luego una situación de tensión democrática que debe servir como revulsivo para que lejos de acabar en crisis, la fortalezca.

JMF: Podemos y la democracia son poco compatibles pero, ¿por qué el PSOE de Sánchez está tan con Podemos?

AR: Podemos es enemigo de la democracia y nunca lo ha ocultado. España es uno de los Países más democráticos del mundo, el 16 en el último ranking de The Economist, pero ellos llaman democracia a la dictadura de Maduro. Por ahí no hay nada que hacer. Lo del PSOE es una pena porque han abusado tanto de denigrar moralmente a la oposición democrática, que se han privado de la posibilidad de concertar nada con ellos. En la medianía de su dirigencia solo hay pasión negativa para la derecha. Eso explica que vayan juntos: les une el odio. Una pésima pasión política.

JMF: El odio, ¿no define la separación en España de mucha derecha e izquierda?

AR: En efecto, en España hay demasiado odio en los políticos y no sólo en el espacio de la izquierda y la derecha sino en el territorial. Odios cruzados

JMF: ¿Cómo explicas esto?

AR: La sociedad española es una sociedad muy pacífica con un nivel bajo de violencia, en contra de lo que muchos creen. Pero el nivel de instrucción es bajo y se grita mucho. Nuestra clase política es así y de ahí el odio.

JMF: ¿Qué pinta el Rey en lo que nos viene?

AR: El Rey representa la unidad y permanencia de la nación. Frente al trauma de la pandemia ha de jugar un papel fundamental en el luto y de conciliación en lo político.

JMF: ¿Le ves futuro o hay monarquía para pocos días?

AR: Espero que haya monarquía mucho tiempo. ¿Tenemos una alternativa mejor? Es más, ¿hay una alternativa? Valoremos lo que tenemos. Somos uno de los Países más democráticos del mundo y para ser más democráticos no necesitamos desprendernos de la monarquía. Si lo hacemos, probablemente seremos menos democráticos como nos enseña la historia.

JMF: Gracias Ángel, ojalá tengas razón y haya monarquía para mucho tiempo. Un abrazo.

AR: Abrazo y gracias.

Me dice Jaime de Berenguer (@jaimeberenguer), doctor en Psicología

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Las circunstancias habían dejado en una situación de tremenda debilidad al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por primera vez desde que inició la legislatura.  Sus socios preferentes de Esquerra Republicana les habían dejado solos porque tenía muy difícil justificar para su discurso en Cataluña un estado de alarma prolongado e incondicional, la espantada republicana estaba escrita. Muchos nervios en la Moncloa, la primera derrota del Gobierno abría la puerta a una debilidad extrema, sobre todo teniendo en cuenta el juego del gato y el ratón que ERC y JxCAT se llevan en Cataluña por la hegemonía.

Había una esperanza para hacer caer al Gobierno Sánchez-Iglesias, ese que ha sido capaz de destruir la sociedad y la economía española en tan solo 5 meses, miles de muertos por incompetencia nos observan.

Pero cuando la situación de Pedro Sánchez era desesperada, inopinadamente, apareció Inés Arrimadas y ciudadanos al rescate para salvarle el trasero. Gratuitamente y sin razón alguna, Inés Arrimadas no ha expuesto ni un solo argumento de peso que justifique haber salvado a este gobierno excepto la supuesta utilidad para los españoles de su partido, como si tener a Sánchez e Iglesias en el gobierno fuera solución alguna, no cuela. Los motivos de Arrimadas solo pueden ser los suyos propios, tras el fracaso por disputar el centro derecha al Partido Popular y su descalabro electoral buscan reubicarse, una maniobra a la que C’s ya nos tiene acostumbrados desde que se fundó como partido. Un nuevo volantazo, esta vez a la izquierda, con el único objeto de disputarle el voto de centro izquierda al PSOE y de darse una imagen de partido moderado que tanto da o tanto quita a unos y otros. Pero se han vuelto a equivocar igual que se equivocó Albert Rivera en Cataluña o cuando no quiso formar gobierno con el PSOE. Si un PSOE con C’s no era posible ¿qué lo hace que lo sea, además con Podemos? dudo que ningún español votase a C’s para hacer de tabla de salvación de un Gobierno echado al monte que tan pronto maniobra para controlar las redes sociales, amenaza e insulta a la oposición, riega con dinero público a las televisiones o utiliza a la policía para espiar a los disidentes. Gracias Inés por salvarnos de nada.

Me dice Juan Pablo García Valadés (@jpgvalades), socio fundador de Acción Liberal


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La gatera de Pedro Sánchez

Que el PSOE lleva marcado a fuego en su historia una tendencia golpista, no creo que le quepa duda a nadie. Si a alguien le sorprende, le invito a que haga un repaso de los distintos golpes de estado que sufrió la II República.

No les gustan las discrepancias y son firmes defensores del pensamiento único, no lo pueden evitar. Tienen un discurso y quien se salga de él o discrepe lo más mínimo, es tachado de fascista y atacado de manera furibunda por las hordas ideológicas afines al régimen.

El despropósito de gestión que está protagonizando el Gobierno en relación al coronavirus, aún puede ser más grave y ya están preparando el terreno y a su ejército de hooligans, para perpetrar una verdadera infamia de proporciones épicas.

Han asumido su incompetencia y su nula capacidad de gestión tanto en el ámbito económico como el sanitario y han pasado a la batalla por el relato sin importarles ni el número de fallecidos por el covid-19, ni el desastre económico al que nos están conduciendo.

Solo les importa el mensaje de fácil digestión para sus simpatizantes e invertir la responsabilidad de todo el desastre para, como suelen hacer, culpabilizar a la oposición y buscar de forma mezquina un rendimiento político, en este caso más vomitivo que nunca.

El estado de alarma les gusta, se encuentran bien con las libertades individuales cercenadas y en lugar de atajar la pandemia de raíz, haciendo tests masivos, prefieren alargar este “tercer grado” domiciliario de manera indefinida, forzando a que a la oposición no le quede más remedio que votar contra una nueva prórroga a este estado de alarma.

Una vez consigan eso, aprovecharán cualquier repunte en el número de contagios para decir que la culpa de que haya fallecidos, es por la irresponsabilidad de los partidos de la oposición, corriendo un tupido velo sobre los miles de muertos hasta ahora, que ni siquiera han servido para colocarle una corbata negra a Pedro Sánchez en señal de respeto.

La jugada suena a música celestial en los oídos del vicepresidente en la sombra Iván Redondo. Si las cifras mejoran, será gracias a la gestión del filósofo Illa y si la cosa empeora, la culpa será del Partido Popular, de VOX o de quien les interese en ese momento y utilizarán su brazo periodístico para buscar un eslogan sonoro como aquel “no a la guerra” o el “¡asesinos, asesinos!” para que en las mentes más débiles y poco formadas, quede el mensaje de que prácticamente la culpa de todo lo que haya pasado por el coronavirus, haya sido gracias a la oposición.

Es nauseabundo dónde llega la desfachatez de ciertas personas y gobiernos a la hora de salvar su culo y su “asiento”, pero sinceramente, el PSOE siempre se lleva la palma.