El hecho es que hoy, el Magistrado D. José Castro ha decidido citar en calidad de imputada a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, hija del Rey de España y por tanto miembro de la Familia Real Española, para que preste declaración sobre “su intervención en el Instituto Nóos y la entidad mercantil Aizoon SL y el manejo y destino de los fondos obtenidos a través de las mismas”. El hecho por esperado no es baladí y supone un salto judicial cualitativo en el llamado caso Urdangarín. El motivo de tal imputación es, según el juez deduce de las diligencias hasta ahora realizadas, que “su única función” y a la que “prestaron su consentimiento” era la de que “se usaran sus nombres, tratamiento y cargo” en lo que el juez califica de “utilitarista figuración” con “la pretensión de aparentar ante empresas privadas e Instituciones Públicas que todas las operaciones de Nóos eran conocidas y gozaban del respaldo de la casa de S.M. El Rey”. Sobran las palabras.

Esta citación es para el día 27 y por tanto la Infanta va a estar expuesta al juicio mediático y público como mínimo hasta esta fecha y tiempo tendremos de analizar a fondo qué supone de hecho esta imputación.

La realidad es que, a día de hoy y una vez superado el golpe institucional que suponía la imputación de Urdangarín y la posterior de García Revenga, secretario particular de las infantas, el nuevo estacazo va directo al núcleo central de la familia Real y eso por tanto es fácil que afecte a la propia Institución.

Ya se que “imputada” no implica acusada, pero basta leer el auto para entender que el juez instructor si le presume una posible colaboración en el presunto delito. Lo que persigue el juez al imputarla es, según él mismo dice, que se cierre la instrucción sin que “gravite la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que aquella (la Infanta) haya podido tener”. Loable intención aunque algo tardía. Es evidente que la sociedad española no solo tenía y tiene dudas sobre su intervención, sino que no acertaba a entender que la esposa de uno de los socios lleve meses imputada y la esposa del otro no apareciera en el sumario. Ya le ha costado al juez ver lo que todo el país veía. Ha necesitado que el socio indignado por el trato diferencial, haya ido administrando correos electrónicos para conseguir deshacer el agravio comparativo que suponía el trato judicial hacia la Infanta y hacia su mujer. Veremos ahora si Diego Torres calma sus ansias de defensa o sigue soltando mails envolviendo a figuras más regias con el fin de salir lo mejor parado posible del iter judicial que intuye que, en soledad, va a padecer.