Conversación tranquila de @jmfrancas con Alfredo de Diego: Magistrado, doctor en Derecho y profesor de derecho procesal en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Pertenece a la asociación de jueces Foro Judicial Independiente (@JusticiaenRD)

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JMF: ¿Qué es el Foro Judicial Independiente?

AdD: Es una asociación de jueces y magistrados, fundada en 2002, como reacción frente a la politización de las asociaciones judiciales. La «despolitización» es el eje central de su discurso. Buena prueba de ello es que el preámbulo de sus estatutos establece la «explícita voluntad de sus miembros en orden a restablecer la figura del juez desligado de vinculaciones políticas» y en su artículo 10 prohíbe expresamente que los miembros de su Comisión Gestora Nacional opten, «mientras desempeñen dicho cargo y durante dos años inmediatamente posteriores a la fecha de su cese», a puestos de designación política en el Consejo General del Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia, en los órganos municipales o autonómicos que tengan relación con la función judicial o a cargos que no sean electivos en órganos de gobierno, salvo autorización expresa de la asamblea general con una mayoría cualificada.

JMF: ¿No es exagerado lo de los dos años?

AdD: No. Lo que se pretende es que el paso por la Gestora Nacional, donde son frecuentes las reuniones con altos cargos judiciales y políticos, no sirva de trampolín personal para nadie. De hecho, nuestros presidentes y vocales de la Gestora Nacional, tras finalizar su mandato, regresaron a sus anteriores puestos jurisdiccionales. Yo mismo formé parte de la Gestora Nacional hace ya algunos años y regresé a mi juzgado. Comprueba, por curiosidad, dónde están hoy quienes fueron la cabeza visible de las otras asociaciones.

JMF: No hace falta… Nunca he entendido cómo puede asociarse un juez según su adscripción política cuanto no con obediencia de partido.

AdD: Yo tampoco lo he entendido nunca. Por eso estoy en Foro Judicial Independiente.

JMF: ¿Cómo se es juez de derechas o de izquierdas y que adecuación distinta se hacen de los ‘códigos’ según sus tendencia?

AdD: Los jueces, al igual que cualquier ciudadano, tienen su ideología. Pero eso no es un problema. El problema no es el juez al que, según su adscripción asociativa, los medios denominan «conservador» o progresista». Unos y otros son, normalmente, jueces «profesionales»; es decir, aplican el derecho, aunque con arreglo a la realidad social del momento (tal y como exige el artículo 3.1 del CC). El verdadero problema, a mi modo de ver, es el juez «político»; es decir, aquel que es sectario, servicial y resuelve en clave política y para ello no duda en «crear» la norma, en retorcer su interpretación hasta que resulte irreconocible o, simplemente, en manejar con fines bastardos los tiempos procesales para incidir en la arena política sin desprenderse de la toga.

JMF: Pero algo ocurre cuando el Constitucional resuelve en bloques o lo mismo ocurre en el Consejo…

AdD: Vamos por partes. El Tribunal Constitucional no pertenece al poder judicial; está extramuros del mismo. El nombramiento de sus miembros está controlado por los partidos, a través del Congreso (4), el Senado (4), el propio Gobierno (2) y el Consejo General del Poder Judicial (2). No es extraño, por tanto, que cuando la cuestión a debate tiene trascendencia política los bloques se decanten en distintos frentes. Por lo que atañe al Consejo General del Poder Judicial el problema es similar. Todos los vocales, ya sean juristas en general o jueces, son designados por el dedo de la partitocracia. Cada partido promueve y esponsoriza a aquellos con los que tiene sintonía y a los que considera que puede controlar. Bien claro quedó en el famoso wasap de Cosidó dirigido a sus correligionarios en el Senado: la intención de los acuerdos para renovar el Consejo era «controlar» las altas magistraturas de la carrera judicial.

JMF: Por cierto, en Consejo sigue sin renovarse, ¿pasa algo por ello?

AdD: El Consejo debería renovarse tras modificarse su actual sistema de elección partitocrática. El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), integrado en el Consejo de Europa, ha vuelto a sacar los colores al legislador y al Gobierno del Reino de España. Ha sido en el informe GrecoRC4 (2019)12, publicado el 13 de noviembre de 2019, donde examina el nivel de cumplimiento, o más bien de incumplimiento, de sus recomendaciones. ¡Urge desmantelar el control político del CGPJ! Es la asignatura pendiente de nuestro legislador. Al respecto, el estándar del GRECO es muy claro: las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección de los doce vocales del turno judicial. Estamos hablando de «minimizar las oportunidades de corrupción», de poner barreras a esas prácticas. En España, sin embargo, desde hace ya más de treinta años, merced a la LOPJ de 1985, auspiciada por el PSOE, la partitocracia asaltó y se instaló en el CGPJ, cuál «okupa», con ánimo de permanencia. Desde entonces, todos sus miembros son elegidos en sede parlamentaria, previo chalaneo de la clase política (a salvo honrosas excepciones) para repartirse los sillones y esponsorizar descaradamente a sus vocales. Una vergüenza que ha sido percibida, sin paliativos, como un factor de corrupción por el GRECO. Son los vientos de Europa que displicentemente ignora la mayoría de nuestra clase política.

JMF: Sabiendo que tiene que cambiarlo el que abusa del modelo actual, ¿tienes alguna esperanza de que se haga?

AdD: Para renovar el Consejo es necesaria una mayoría de 3/5 en el Senado y en el Congreso. Mi quiniela es la siguiente: ni el PSOE, que nunca ha ocultado su voracidad por acaparar el control del poder judicial, ni Podemos, que reclama una parte de la tarta, están dispuestos a desprenderse de tan preciado botín. El PNV, premiado a lo largo de la historia partitocrática del CGPJ con la esponsorización de un vocal en cada mandato, tampoco está por la labor de renunciar a ello. La única esperanza sería que PP, Vox y Ciudadanos no participasen y bloqueasen la renovación hasta que se modificase la elección de los vocales del turno judicial para ser elegidos por los propios jueces. Me temo, no obstante, que el PP puede claudicar y avenirse a una negociación para la renovación. Ojalá me equivoque y se mantengan firmes. Van en ello valores como la calidad democrática y la percepción de independencia. Por el contrario, el actual sistema, que quiere prorrogar el Gobierno, es una claro factor de corrupción.

JMF: Mientras tengan cuentas pendientes con la justicia…

AdD: Claro. Un querido compañero de carrera ha escrito que lo que quieren los políticos al controlar el Consejo General del Poder Judicial y, con ello, influir en los nombramientos de altos cargos judiciales, es tener «teléfonos a los que llamar».

JMF: Lo habrá escrito él, pero lo hemos pensado todos… ¿Estas tranquilo por la parte judicial del ‘procés’?

AdD: Como ciudadano tengo la inquietud de que la sentencia haya calificado a la baja únicamente para lograr la unanimidad del tribunal. Por lo demás, me preocupa cómo se va a gestionar la ejecución de la misma y el mensaje que con ello se envíe a los ciudadanos.

JMF: Saldrán a la calle en nada y quizás indultos…

AdD: Pues a eso es a lo que me refiero. De una forma (autoridad penitenciaria) o de otra (Gobierno) se devaluará el contenido de la sentencia y eso conlleva un mensaje negativo: poco importa lo que llegues a hacer, y poco importa la condena que te impongan, si tienes amigos en la política.

JMF: El ciudadano está desconcertado con la justicia por algunas sentencias. Lainez cinco años, manada de Pamplona menos que manada de Aranda… ¿Es el código, son los jueces, es el peso de la calle…?

AdD: Es comprensible el desconcierto. Sin leer detenidamente cada una de las sentencias y comprobar sus razonamientos cualquiera estaría desconcertado. Pero, salvo la de la manada de Pamplona, que es firme, el resto aún están pendientes de recursos que pueden interponerse o ya se han interpuesto ante el Tribunal Supremo. Lo prudente es esperar a que las sentencias sean estudiadas por el Tribunal Supremo y ponga orden en todo este desconcierto. Hay que confiar en el funcionamiento del Estado de derecho en lo tocante al régimen de recursos, aunque ya sé que con la que está cayendo es difícil.

JMF: ¿No sobra el jurado?

AdD: En mi opinión, sí sobra. No fue un mandato preceptivo de la Constitución, sino una simple facultad para el legislador. Los jurados son influenciables en mucha mayor medida que los jueces profesionales. Y, además, existen cuestiones técnicas en la declaración de hechos probados de difícil comprensión para un lego. Fíjate si el propio legislador desconfiaba del Tribunal del Jurado que, para conseguir un veredicto de culpabilidad, exige una mayoría cualificada de siete votos, de un total de nueve jurados. Si se trata de un tribunal profesional, la sentencia condenatoria se decide por mayoría simple de los magistrados intervinientes. Yo, si fuera culpable de un delito, prefería que me juzgase un Jurado; pero si fuera inocente, sin duda elegiría un tribunal profesional.

JMF: Pues que lo quiten…

AdD: Ya… ¿pero quién lo va a hacer? ¿El PSOE que lo impulsó y reinstauró? ¿O quienes no se atreven, por aquello de lo políticamente correcto? Me temo que tendremos jurado para rato.

JMF: Yo también. Mil gracias Alfredo, y hasta la próxima, desgraciadamente está detectada la enfermedad pero no medicina no está en el Congreso.

JMF: Un abrazo.