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Este lunes pasado el Defensor del Pueblo, no el «Síndic de Greuges» -su homólogo catalán-, Francisco Fernández Marugán, recibió a familias del Instituto El Morell de Tarragona que le presentaron la petición de amparo de 40 familias por “reiteradas muestras de falta de neutralidad y adoctrinamiento” por parte del centro educativo dónde estudian sus hijos. 

La denuncia concreta es que el pasado mes de noviembre el centro autorizó una encuesta elaborada por la “Universitat de Lleida” sobre usos lingüísticos, que se pasó a los alumnos de 3º y 4º de ESO dónde se preguntaba, entre otras cuestiones, su identificación con el movimiento independentista, identidad, convicciones ideológicas y creencias religiosas; por si fuera poco contestar el cuestionario era obligatorio, se les llego a advertir que si no lo contestaban se quedaban sin recreo, y había que hacer constar el nombre. En la carta que los padres le han entregado al Defensor se hace constar que “La participación de nuestros hijos en esta encuesta se hizo de manera obligatoria y sin previa consulta a los padres o tutores que no pudieron autorizar la participación de sus hijos en la misma”. Las familias, que hablan de que llueve sobre mojado, recuerdan por ejemplo que se ha llegado a dar por megáfono la condena de cada uno de los nueve líderes independentistas presos, asesoradas por la Asamblea por la Escuela bilingüe, según explica su presidenta Ana Losada, han recurrido al Defensor del Pueblo por la falta de respuesta de las autoridades catalanas y el propio «Síndic».

No entiendo nada. Adoctrinamiento en las aulas catalanas se ha denunciado de mil maneras, ¿hará algo el Defensor del Pueblo? ¿Alguien me lo explica?