Ayer, 29 de marzo, el portavoz parlamentario de la antigua Convergencia, Francesc Homs, perdió su condición de diputado por sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitó por trece meses por su participación, desobedeciendo el mandato del Tribunal Constitucional, en el referéndum independentista del 9-N.
Una vez más, de sus palabras se interpreta o que no se ha enterado de nada, o que es un manipulador de tercera. De la misma manera que no se le condena por sacar urnas a la calle, sino por desobedecer al Tribunal Constitucional, tampoco «se inaugura un camino en el Estado español en el que tener algunas ideas conlleva consecuencias penales» como él mismo ha declarado antes de abandonar el Congreso. Lo que se ha hecho es lo habitual, en los estados de derecho, de que el que se salta la ley, comete un delito y debe ser condenado por ello.
El exdiputado, que parece sigue sin enterarse, ha añadido que «no se trata de que se expulse a un diputado, sino que se está expulsando a miles y miles de catalanes que depositaron su confianza en mi persona». Su grupo parlamentario propondrá el siguiente de la lista, que se presentó cerrada, y aquí paz y después gloria.
No entiendo nada. El señor Homs no es un mártir. Es un delincuente, que ha mal representado a los que le votaron, que se ha saltado la legalidad y que ha sido condenado por ello. Como infractor de la Ley no es digno de representar a nadie en el Congreso. ¿Tan difícil es entender esto? ¿Alguien me lo explica?
La única ley inmutable y perfecta es la ley de Dios. Todas las demás son contingentes, circunstanciales y temporales, llenas de defectos y omisiones, cuya única misión es favorecer y aumentar el bien común y la felicidad de los pueblos.
El uso que está haciendo de la ley el gobierno español en el caso catalán me parece muy desacertado y los modos me parecen incorrectos. Tanto es así que no se ve que haya un progreso hacía una solución fraternal, sino hacia el choque de trenes. Eso no es bueno y para eso están los políticos, exactamente para eso, para encontrar la forma de que la ley sea una ayuda y no un obstáculo. Para eso tienen la facultad de interpretar las leyes, y para eso tienen la facultad de cambiar las leyes según las conveniencias del bien común.
Cuando una persona infringe según qué leyes puede merecer incluso el aplauso. No digo que ese sea el caso Homs, solo lo digo como reflexión para el entendimiento. Cuando una persona comete un asesinato la ley manda que se le encarcele según toda justicia. Si hay faltas al honor o a la propiedad, lo mismo. Incluso hubo un tiempo en el que existía la curiosa definición de presos de conciencia. Sin embargo, hay un insidioso grupo de infracciones a la ley que entran insidiosamente en el capítulo de política. Eso nos lleva a una interesante situación.
La pena impuesta a Homs es bastante simbólica. Se parece a la de los parvulitos que cuando se enfadan dicen “ya no me junto contigo”. No dudo que existan mentes cerriles que hubieran querido una pena como la que le aplicaron al desdichado Companys. Muchos más habrían celebrado con cava castellano una pena de cárcel. Sin embargo, los tribunales andan como pisando huevos con eso porque no habiendo cometido un asesinato, ni un delito contra el honor o la propiedad, ni haber ejercido actos violentos, etc… Homs habría pasado a la gloriosa categoría de preso político. Y España habría ingresado en el prestigioso club de Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Egipto, Turquía, China y otros parecidos (la lista es larga). Intuyo que esta clase de cosas no serían muy del agrado de la Unión Europea.
En conclusión, aunque sea perder el tiempo, me he esforzado en razonar sobre la inconveniencia de usar la ley para resolver conflictos políticos. La tesis del PP y Ciudadanos es que la ley no se toca, especialmente cuando la ley me favorece a mí. Que Dios nos de mucha paz.