De un tiempo a esta parte, algunos políticos hacen gala de una premisa de lo más totalitaria como es la de obedecer solo aquello que les gusta. Es verdad que la tentación de todo gobernante es convertirse en un tirano absolutista, elevando su voluntad por encima de la ley, pero desde hace ya años nadie se pavoneaba de ello, si no que era una postura tácita que se hacia a escondidas y en muchos casos, descubierto el pastel, había que rectificar alegando error o ignorancia. Ahora en nuestra España algunos que se erigen en adalides de la democracia, incluso la participativa, declaran abiertamente pasarse la ley por zonas turbias y se quedan tan campantes. Recuerdo las declaraciones a este efecto de la recién elegida entonces Ada Colau cuando dijo sin recato: «Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen», sentencia alucinante en la boca de una autoridad pública.
El ejemplo cundió y Quim Torra, años después, sigue en la misma senda: «Sí, desobedecí porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía, en la defensa de los derechos humanos». Los hechos se remontan a las últimas elecciones municipales y europeas cuando la JEC le ordenó retirar «lazos amarillos y esteladas» de los edificios públicos y el hizo caso omiso, mareando la perdiz todo lo que pudo, para al final bajar la cerviz y a regañadientes cumplir lo que la autoridad en periodo electoral le conminaba. Denunciada aquella actuación, ahora, el fiscal, pide para él un año y ocho meses de inhabilitación por delito de desobediencia y el ‘independentismo catalán’ ha vuelto a poner el grito en el cielo al adjudicar la autoría de la petición al Estado español, demostrando una vez más que conceptos como democracia, legalidad y separación de poderes se les escapan. Una vez más, el poder judicial hace pedagogía de la buena al aplicar aquello de que ‘el que la hace, la paga’.
Referencias.
2.https://elpais.com/ccaa/2019/07/04/catalunya/1562266926_865744.html